Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han convertido en un estigma ante la comunidad internacional para el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, pese a que el mandatario asegura que se han reducido desde que asumió el poder hace casi un año.
La “Marcha por la vida y la defensa de los líderes sociales” comenzó a organizarse hace más de un mes, después de que la dirigente María del Pilar Hurtado fue asesinada a tiros por pistoleros frente a su pequeño hijo en un pueblo del departamento de Córdoba, en el norte del país.
La imagen del niño llorando desconsoladamente por el asesinato de su madre, grabada con un celular, se hizo viral y puso de manifiesto las condiciones de inseguridad de los defensores de derechos humanos en el país sudamericano.
Existe un profundo desacuerdo sobre las cifras de asesinatos. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y junio de 2019, al menos 486 líderes sociales y defensores fueron asesinados en Colombia.
Pero la Fiscalía General sostiene que las muertes solo suman 292, mientras que organizaciones como el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ) documentan 734 homicidios en el mismo periodo.
“Que pare el asesinato selectivo y sistemático a líderes sociales, hombres, mujeres, indígenas, afros, campesinos y estudiantes que están defendiendo el derecho a vivir en sus territorios, el derecho a que se respete la biodiversidad, el respeto al acuerdo de paz”, dijo Gloria Cuartas, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento Defendamos la Paz.
RESPONSABLES DE LOS ATAQUES
Cuartas habló al margen de la marcha de Bogotá, donde los manifestantes portaban fotos en blanco y negro de activistas asesinados y agitaban banderas blancas.
El presidente Duque y las Fuerzas Armadas sostienen que los defensores de derechos humanos y líderes sociales son amenazados y asesinados por grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 y bandas criminales como el Clan del Golfo.
Duque, quien participó en una marcha en la caribeña ciudad de Cartagena, prometió continuar trabajando para reducir a cero los ataques contra los activistas.
La mayoría de los líderes y defensores asesinados se oponían al narcotráfico, a la minería ilegal y apoyaban programas de sustitución de cultivos de hoja de coca, de defensa del medio ambiente y de reclamación de tierras de campesinos que fueron desalojados por grupos armados o narcotraficantes en medio del conflicto interno de más de medio siglo.
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Referencia: Reuters/Joana Carvajal Salazar
