La Fiscalía le imputará tres cargos al constructor Carlos Alberto Solarte y a su hija, por presuntas irregularidades en el contrato.
En total de 35 contratos con entidades públicas por todo el territorio nacional –incluyendo tres de vías de cuarta generación (4G)– tienen el sello CSS Constructores o CASS, firmas del reconocido contratistas Carlos Alberto Solarte, quien ayer entró en el radar de la Fiscalía por el caso Odebrecht.
Puntualmente, el ente investigador lo vinculó al escándalo de sobornos de la multinacional, con la cual conformó la década pasada el Consorcio Canoas, el cual
finalmente ganó la licitación del proyecto Tunjuelo – Canoas, en el 2009.
Ahora, tras tres años de investigaciones y de haber vinculado a la alcaldía pasada en la contratación irregular de esta iniciativa, la Fiscalía General de la Nación considera que tiene pruebas suficientes contra Carlos Alberto Solarte y su hija, Paola Fernanda Solarte, representantes legales de CASS Constructores y, en tal virtud, miembros del Consorcio Canoas.
“Serán objeto de imputación (de cargos) por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, en audiencia que se celebrará el 27 de noviembre del 2017”, así lo dijo María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación.
Además, también fue vinculado al caso el subcontratista del Consorcio y representante de CASS en la junta directiva del mismo, Orlando Fajardo Castillo, a quien, hoy, le serán imputados varios delitos: peculado por apropiación (como interviniente), interés indebido en la celebración de contratos (también como interviniente) y cohecho por dar u ofrecer.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comunicó que: “En este momento no existe un impacto en la ejecución de los contratos de concesión, en los que pueda tener alguna participación el Grupo Solarte”, debido a que “el llamado a imputación no se relaciona con ninguno de los contratos suscritos por la ANI”.
A su turno y consultado por este diario, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), indicó que: “El gremio de la infraestructura entiende y reconoce la tarea de los entes de control y de las autoridades. Frente al caso Solarte o cualquier otro similar, confía en que las investigaciones avancen con la debida celeridad. La CCI respeta el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”.
A renglón seguido, el directivo añadió: “No sobra reiterar que el gremio rechaza las malas prácticas y los hechos de corrupción, y que precisamente por ello su Código de Autorregulación sanciona con la exclusión de la entidad a firmas confesas de delito o condenadas por los jueces”.
Por su parte, Carlos y Paola Solarte enviaron un comunicado, en el que señalaron que “entregamos poder al doctor Abelardo De La Espriella y su firma, De La Espriella Lawyers Enterprise, para que nos representen ante la justicia colombiana. Como siempre lo hemos manifestado, estaremos prestos a los llamados de la justicia para acudir a las respectivas diligencias y demostrar nuestra inocencia. Seguiremos demostrando nuestro cumplimiento contractual en este y todos nuestros proyectos y nuestro correcto proceder como personas de bien y como profesionales”.
Finalmente, agregaron que: “Compareceremos de manera oportuna y franca ante la justicia con todas las pruebas que nos exoneran de las imputaciones hechas”.
Volviendo a la Fiscalía, esta entidad comenzará a indagar a fondo las obras que se estaban desarrollando en Soacha (Cundinamarca), cuyo valor era de $243.000 millones y buscaba transportar parte de las aguas negras de Bogotá a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Canoas, que nunca se hizo y apenas esta semana se anunció su construcción por parte del actual alcalde, Enrique Peñalosa.
De hecho, la constructora Norberto Odebrecht tiene un pleito con la Nación desde finales del 2014, por cuenta de que dejaron enterradas las tuneladoras del proyecto (llamadas ‘Sarita’ y ‘Camila’), las cuales siguen hoy bajo tierra, aun cuando nunca se desarrollaron los 11 kilómetros de túneles que tenía previsto la iniciativa, contratada por Samuel Moreno Rojas, alcalde Mayor de Bogotá de ese momento.
“Fuimos la primera empresa que trajo una tuneladora T.B.M. a Colombia. Ya tenemos experiencia usándola en el país, acompañados por nuestro socio de Brasil (…) ‘Sarita’ y ‘Camila’, como se nombraron, han trabajado ya en 12 kilómetros, para lograr el descargue del río Bogotá y aguas residuales con el fin de evitar las inundaciones en la capital de Colombia”, señaló en su momento Carlos Andrés Solarte, ingeniero de CASS Constructores.
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Y es que la firma es una vieja conocida en el sector.
Como se mencionó previamente, tiene en sus registros participación en más de 35 proyectos, de los cuales tres son de 4G: Santana – Mocoa – Neiva; Santander de Quilichao – Popayán y Bucaramanga – Pamplona, cuyos valores representan más de la mitad de todos los mencionados, que en total llegan a $10,2 billones.
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