El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) volvió a declararse hoy incompetente para intervenir en el juicio por sospecha de corrupción en cuanto a la concesión de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del detenido Lázaro Báez durante el kirchnerismo y dijo que ello debe ser juzgado junto con la causa en la que se procesó a este último por lavado de dinero en la llamada «ruta del dinero K».
Así lo decidieron por segunda vez en pocas semanas los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara luego que un tribunal anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación les volviera a remitir la causa. Se trata del TOCF9, inhabilitado por el máximo tribunal por el «traslado» de jueces con competencia penal ordinaria a la Justicia federal y la falta de acuerdo del Senado para cumplir esas nuevas tareas.
El TOCF2 le había enviado semanas atrás al TOCF9 la causa por el «direccionamiento» de la obra pública vial en Santa Cruz hacia las empresas de Báez al TOCF9 y ahora, ante la inhabilitación de ese tribunal, se la envió al TOCF4, que el martes resultó sorteado para intervenir en la causa de lavado de dinero instruida por el juez Sebastián Casanello.
«Visto lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada nro. 4/2018 y habiéndose desinsaculado para intervenir en la causa nro. CFP 3017/2013/TO1 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4, remítase la presente causa a su conocimiento en virtud de la declaración de conexidad dispuesta por los suscriptos», dijeron Gorini, Tassara y Giménez Uriburu.
De esta manera, las cuatro causas que tiene elevadas a juicio la ex presidenta y actual senadora se distribuyen en tres tribunales orales. El TOCF1 produce prueba complementaria para el juicio por la venta de dólares a futuro, sin fecha todavía fijada para su inicio pero probablemente el primero que se lleve a cabo con ella en el banquillo de los acusados.
El TOCF4 -si no rechaza la conexidad- concentrará las causas de lavado de dinero y la obra pública vial en Santa Cruz. Y el TOCF8 tendrá a su cargo el enjuiciamiento del presunto encubrimiento de los acusados por el atentado contra la AMIA a partir del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán durante el kirchnerismo.
Las tres últimas causas habían quedado originalmente, por sorteo y conexidad, a cargo del ahora inhabilitado TOCF9, integrado por los jueces Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával. Se trata de un tribunal oral del fuero penal ordinario (el número 10), transformado en federal por el Gobierno a través de una ley sancionada por el Congreso a fines de 2016 y aplicada a fines de 2017 por el Consejo de la Magistratura.
Apartado el TOCF9 de las causas por decisión de tres de los cinco jueces de la Corte, los magistrados que deberán juzgar ahora a la ex presidenta son Adrián Grunberg, José Michilini y Oscar Amirante (del TOCF1, causa dólar futuro); Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñíguez (del TOCF4, causas «ruta del dinero K» y obra pública vial en Santa Cruz); y la misma López Iñíguez, Nicolás Poselli y Sabrina Namer (del TOCF8, causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman).
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Referencia El Clarin
