El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y los cuatro miembros de su gobierno buscados por la justicia española a raíz de la declaración de independencia se entregaron este domingo a la policía en Bélgica, donde se encontraban desde hacía una semana.
Los cinco deberán comparecer ante un juez de instrucción belga «durante la tarde», anunció en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de la fiscalía federal, Gilles Dejemeppe.
«Sólo el abogado, el intérprete y la persona concernida estarán presentes» durante la declaración, precisó.
La decisión del juez de instrucción, que debe determinar si los envía a prisión provisional o los deja en libertad con condiciones o bajo fianza, se espera por la noche, avanzó.
Puigdemont y sus cuatro consejeros «han sido privados de libertad a las 09H17 (08H17 GMT)», precisó. «Teníamos contactos regulares con los abogados de las cinco personas y habíamos convenido una cita en la comisaría» de la policía federal, explicó Dejemeppe.
La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional española, emitió el viernes por la noche órdenes europeas de busca y captura contra los cinco miembros del gobierno catalán destituido, investigados en España por «rebelión», «sedición» y «malversación» tras la declaración de independencia realizada por el parlamento catalán el 27 de octubre.
Las órdenes de detención les fueron comunicadas oficialmente en Bruselas y pudieron consultarlas con sus abogados.
Puigdemont había escrito en Twitter el sábado por la tarde que se pondrían a disposición de las autoridades belgas. «Estamos preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga tras la orden de detención europea emitida por España», había escrito en un tuit en flamenco.
La orden europea de busca y captura fue creada para facilitar la extradición entre Estados miembros de la Unión Europea (UE). Pese a todo, se abre ahora un procedimiento que será probablemente bastante largo.
Puigdemont y su abogado ya anunciaron su intención de recurrir esta orden europea.
– «Enorme presión» –
«Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia (…) He dicho a mis abogados que expresen a la justicia belga que estoy totalmente dispuesto a colaborar», había dicho el destituido jefe del gobierno regional de Cataluña en una entrevista con la televisión pública belga RTBF.
Puigdemont defendió que en España no existen garantías de «tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España».
Según la ley, la decisión sobre la ejecución de una orden de detención europea debe tomarse en el plazo de 60 días tras la detención de la persona concernida.
Pero, si se agotan todos los plazos y se utilizan todos los recursos al máximo, el procedimiento puede llevar hasta tres meses, recordó el ministerio de Justicia belga en un comunicado. Éste es un procedimiento que se realiza únicamente mediante «contactos directos entre las autoridades judiciales», precisó.
«Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España y si las autoridades judiciales belgas consideran que los hechos que se reprochan a Puigdemont no son infracciones penales en el derecho belga», explicó por su parte Anne Weyembergh, presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
De los tres cargos por los que la justicia española busca a Puigdemont y a los cuatro miembros de su gobierno destutido que se quedaron con él en Bruselas, los de «rebelión» y «sedición» no existen como tales en el derecho belga.
Ocho de los nueve miembros restantes del ejecutivo regional catalán destutido por el gobierno central a raíz de la declaración de independencia fueron encarcelados por la juez Lamela a la espera de juicio.
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referencia AFP
