En el país chileno se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos
Chile está a punto de abandonar el puñado de países que prohíbe el aborto. La Cámara de Diputados votará en su último trámite el proyecto más emblemático de la presidenta Michelle Bachelet para despenalizar el aborto terapéutico y en caso de violación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto volvió este miércoles a la Cámara de Diputados para su última revisión antes de ser despachado totalmente del Congreso chileno, probablemente durante esta misma jornada.
Después de dos años de tramitación en el Congreso y un tenso debate legislativo, el Senado aprobó la madrugada de este miércoles despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación, en medio de aplausos mujeres que han impulsado la iniciativa, en una maratónica sesión de casi 17 horas en el Congreso.
«Más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite (este proyecto) es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible», agregó la mandataria.
Solo 10 países en el mundo (entre ellos Nicaragua, El Salvador y República Dominicana en América Latina) prohíben el aborto en todas sus formas.
Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto, pero poco antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.
No obstante, en el país se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos, pero se baraja que las interrupciones clandestinas podrían llegar a 160.000.
«Mi cuerpo, mi decisión, yo apoyo las tres causales», decía un cartel de activistas que fueron desalojadas por la Policía del Congreso tras enfrentarse con grupos religiosos, que sostenían en sus manos pancartas con la leyenda: «Vuélvete a Cristo», en un tenso cruce de opiniones que ha marcado la tramitación de esta legislación, constató la AFP.
«Desde recuperada la democracia, las mujeres, y buena parte de la sociedad civil, venimos luchando por la interrupción del embarazo para evitar los abusos y las arbitrariedades sobres nuestros cuerpos y dignidades. Hoy estamos más cerca de hacer real esta demanda», dijo Claudia Dides, vocera de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles),
Apelación al Tribunal Constitucional
A cuatro meses de las elecciones que elegirán a su sucesor, la presidenta Bachelet resolvió ponerle «suma urgencia» al proyecto para despenalizar el aborto en tres causales, una de las reformas más emblemáticas de su segunda gestión que concluye en marzo de 2018.
Gran parte de la derecha opositora se opuso tenazmente a la iniciativa, y legisladores de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera la protección del niño que está por nacer.
«Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por las tres causales. Lo que está aprobando el Congreso es relativizar el derecho a la vida, es decir, qué tipo de seres humanos tienen derecho a vivir», sostuvo la senadora ultraderechista Jacqueline van Rysselberghe, en un último intento por detener la aprobación del proyecto.
Pero el gobierno anunció que defenderá la iniciativa.
«Como Ejecutivo, nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional», dijo este miércoles la ministra del Ministerio de la Mujer, Claudia Pascual.
«Es evidente que aún existe una fuerte oposición a los derechos de las mujeres motivada por ideologías ultraconservadoras», estimó Claudia Dides.
Clave en la aprobación del proyecto fue el apoyo de la senadora de derecha liberal Lily Pérez, quien expresó que la decisión de abortar «debe ser de la mujer» y «no del Estado».
Cortesía: La opinión
