Refriegas dejan 85 muertos y más de 1.400 heridos. Opositores piden ‘máximo esfuerzo’ en las calles.
La protesta opositora contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió 90 días activa en las calles de casi todas las ciudades venezolanas.
El chavismo, con 18 años en el poder, ha sobrevivido estos meses gracias a un insólito coctel de represión y contraofensiva política con el lanzamiento de una constituyente con la que espera cambiar la Carta Magna, relegitimarse y establecer las bases de un “estado comunal”.
Frenar este nuevo proyecto del chavismo es ahora la más urgente de las tareas de la oposición, que todavía apuesta a la protesta pacífica como su carta fundamental.
Pero ¿qué tan lejos puede llegar la oposición con esa estrategia?
Hasta ahora, los tres meses de protesta –y la desmedida respuesta del régimen– le han dado a la oposición logros moderados. El primero, mostrar al mundo la magnitud de la crisis venezolana y el descontento de los ciudadanos. El segundo, el fortalecimiento de la unidad opositora y su liderazgo, destrozado tras el último diálogo con el Gobierno y, por último, revelar el carácter dictatorial del régimen chavista.
Puertas afuera decenas de países han pronunciado su preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela, pero todavía no se concreta una sola condena formal por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la ONU.
Solo la Unión Europea expresó este miércoles oficialmente su preocupación por la violencia sugiriendo la responsabilidad del Gobierno. “El pueblo venezolano ha experimentado una violencia y una represión cotidianas que ya han causado muchas víctimas”, señaló el bloque este miércoles.
Pero en política interna, la efectividad de las protestas se va mostrando más clara. “Es verdad que no se ha logrado el acercamiento ni la negociación para el ansiado evento electoral, pero la protesta ha logrado fracturas en el oficialismo. No logró el divorcio de la fiscal Luisa Ortega Díaz con el Gobierno, pero junto con ella arruinó el modelo judicial de hostigamiento a la disidencia y agrietó la monolítica de la estructura del Gobierno, incluso entre los militares, aunque no se sabe la medida exacta”, evalúa el politólogo y profesor universitario Luis Salamanca.
La renuncia del mayor general Alexis Ramírez López como secretario del Consejo de Defensa de la Nación, el rechazo público de tres magistrados a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las críticas hechas por el ministro Wilmar Castro Soteldo –filtradas a la prensa y en las que reconoce que la oposición es mayoría– son algunas escandalosas fisuras.
A estas se suma el manifiesto del piloto de la policía científica Óscar Pérez contra “la tiranía de Nicolás Maduro” minutos antes de abordar un helicóptero oficial y sobrevolar la sede del TSJ el martes pasado.
También tres tenientes que pidieron asilo en Colombia se rebelaron públicamente contra el mandatario al comienzo de la oleada de protestas y la agencia Reuters aseguró que tuvo acceso a documentos que demuestran que otros 14 militares fueron detenidos por rebelión hace un mes.
Pero el apoyo políticamente más impactante que ha recibido la causa opositora ha sido la fiscal Ortega, quien desde su investidura se ha volcado a frenar al régimen en su deriva autoritaria, sirviendo de puente al chavismo desilusionado de Maduro.
Además de introducir demandas de nulidad contra la Constituyente y sus bases comiciales, cuestionó la elección de los magistrados del TSJ (que actúa abiertamente a favor del oficialismo) y esta semana citó como imputados a dos de los más altos funcionarios de la seguridad estatal por “presunta violación de derechos humanos”.
Se trata del excomandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López.
Desde el asesinato del joven manifestante Fabián Urbina a manos de un funcionario de la Guardia Nacional armado con una pistola el pasado 19 de junio, la represión de las protestas es cada vez más violenta y vejatoria. Al lanzamiento desmedido de bombas lacrimógenas –que según la ONG Control Ciudadano llega a ser de 700 por día– que caracterizó la represión de las protestas al principio, siguió los disparos de estas directo al cuerpo y de cartuchos de balas de goma ‘aderezados’ con metras, tuercas y trozos de cabilla, y el uso de armas de fuego.
Seis de las últimas ocho víctimas en las protestas han sido asesinadas con balas disparadas por cuerpos de seguridad y ‘colectivos’ que defienden al oficialismo, se han reportado casos de jóvenes obligados a beber gasolina y la detención de al menos 15 estudiantes, que fueron trasladados en un camión con cerradura hermética.
Los malos tratos exceden lo físico y llegan a lo judicial, con el sometimiento de 415 civiles ante tribunales militares, a pesar de que esto es prohibido por la ley.
Justamente la represión, la cantidad de víctimas y la inexistencia, hasta ahora, de algún beneficio político tangible luego de tres meses en la calle han hecho que solo un 54 por ciento de la población evalúe positivamente las protestas, contra un 46 por ciento que las califica negativamente, según la última encuesta de Datanálisis.
Su director, Luis Vicente León, señaló que a pesar de esta apreciación, más del 80 por ciento de los venezolanos quieren un cambio de gobierno.
Salamanca advierte que los altibajos en el ánimo y participación en las protestas son normales en los procesos políticos.
“Las fluctuaciones son lógicas, naturales, esta situación agota mucho a la sociedad. Hemos visto que la intensidad baja en algunos momentos y luego se retoma. Creo que estamos por ver un nuevo repunte, aunque debemos tener claro que la protesta es necesaria mas no suficiente. Nuestra historia demuestra que son más importantes los quiebres internos en las estructuras de poder que las protestas en las calles. Pero en este momento, las protestas están buscando presionar ese quiebre”, dice el analista.
La dirigencia opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) puso fecha a la necesidad de lograr ese punto el próximo 30 de julio, cuando está prevista la elección de los miembros de la Constituyente.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha pedido a sus seguidores hacer el mayor esfuerzo de movilizaciones de calle mientras se prepara para convocar un paro nacional, una medida que aún la MUD no anuncia oficialmente, pero que prepara como carta de escalada máxima del conflicto.
Participen o no activamente en las calles, los opositores están de acuerdo en que la lucha para lograr una salida electoral no debe abandonarse.
“Ya estamos en un punto sin retorno, ¿a qué vamos a regresar? Si perdemos, el chavismo acabará con lo poco de país decente que nos queda, tenemos que echar el resto”, dice Marisol, una de las manifestantes, aunque se reconoce cansada de marchar.
