Con la resistencia de los representantes de los jueces y el recelo de los delegados de la oposición, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves el primer informe oficial sobre las auditorías a las causas por corrupción tramitadas en todos los juzgados federales del país entre 1996 y 2016.
En ese lapso se tramitaron 9.476 causas, de las cuales aún siguen abiertas 2.178.
Semejante inflación de expedientes no parece haber llenado las cárceles con corruptos, ni menguado la tentación de malversar fondos públicos.
Estos primeros números puros y duros muestran que de las 4.477 causas que los tribunales orales federales y cámaras de toda la Argentina dieron por concluidas, poco más de la mitad terminó con condenas (55%).
Las coimas tienen sólo 404 casos tramitados en 20 años.
Con menos de 300 causas, siguieron las acusaciones por malversación de caudales públicos destinados a otro fin del debido (284), negociaciones incompatibles (266), defraudación por administración fraudulenta (258), asociación ilícita (234) y encubrimiento (228).
El top ten cierra con los juicios por exacciones ilegales, con 190 casos. Entre todas estas acusaciones corresponde más de la mitad de las causas por corrupción tramitadas desde 1996.
Lo dicho: en dos décadas, la justicia federal argentina tramitó 9.476 causas por corrupción, de las cuales hay 2.178 en trámite y otras 7.298 están culminadas.
Los tribunales porteños que funcionan en Comodoro Py trabajaron en 5.434 expedientes, de los cuales aún siguen abiertos 1.032.
De ese universo de casos en trámite, casi 7 de cada 10 (68%) se encuentran en alguno de los 12 juzgados de primera instancia, otros dos (20%) en alguno de los tribunales orales que debe llevar a cabo las audiencias -o que ya las está realizando, como en el caso Ciccone- y el restante está en alguna de las cuatro salas de la Cámara de Casación a la espera de la respuesta a algún recurso, tanto de las defensas de los acusados como de las querellas o de los fiscales descontentos con resoluciones de instancias previas.
¿Un ejemplo? El caso Oil Combustibles: la sala I de la Casación deberá tratar las apelaciones de la AFIP y el fiscal Germán Moldes a la cuestionada sentencia de la Cámara Federal que liberó a Cristóbal López y bajó la intensidad de la carátula de una radiactiva defraudación al Estado a la inofensiva apropiación indebida de tributos. Las dos salas de ese tribunal apenas tienen el 1,65% de las 1.032 causas que aún tramitan en Comodoro Py.
Algunos datos técnicos respecto de la pesquisa: tal como resolvió el plenario del organismo, el colegio de auditores se integró con especialistas y delegados de todos los consejeros, que recabaron información de los juzgados y las cámaras según un procedimiento establecido en el plenario y con instancias de verificación y de vista a los respectivos juzgados para que hagan sus observaciones.
Para normatizar la información, se confeccionó una ficha para llenar con datos y números específicos: número de causa, carátula, delito investigado, fecha de inicio, fecha de intervención de la fiscalía, cantidad de imputados, fecha de citación de indagatoria, fecha de realización de la indagatoria y cantidad de indagados, fechas de procesamientos, de sobreseimientos, de falta de mérito o de prescripción, día del último acto procesal en el expediente y del requerimiento de elevación a juicio oral.
Una radiografía inapelable que viene siendo seguida con especial interés desde la Unión Europea, por ejemplo.
Uno de los resultados más esperados era el referente a la duración de los expedientes. Y los números dicen que el 63,5% de aquellas causas alojadas en Comodoro Py y en trámite fueron abiertas en los últimos 3 años previos a la auditoría es decir.
Además, el 21,4% tienen entre 3 y 5 años de gestión, un poco menos (10,18%) de 6 a 10 años de trabajo y casi un 5%, más de una década de tarea judicial. Se trata de unos 50 expedientes. Suena poco, y lo es.
Pero en ese pequeño lote se hallan causas como el trafico ilegal de armas por la que Carlos Menem fue condenado y espera la confirmación de la Casación (abierta en 1995), y cuando se actualice esta primera entrega de las auditorías ingresará la de asociación ilícita contra Néstor y Cristina Kirchner, que Elisa Carrió abrió en 2008. Justo 10 años.
Si se abre el lente y se suma el otro 10% de las que tienen de 5 a 10 años de historia, entran desde «la ruta del dinero k» hasta Ciccone o varios expedientes contra Julio De Vido, Ricardo Jaime y los suyos.
Un detalle importante: entre las causas abiertas que llevan más de una década, 8 de cada 10 aún permanecen en los juzgados y sólo el 15% está atascada en los tribunales orales.
Más números: de las 4.402 causas terminadas en Comodoro Py -contando las que resolvió o mantiene la cámara de Casación-, el 87,2% demoró menos de 3 años, el 7% llevó entre 3 y 5 años, 3,68% entre 6 y 10, y 2% más de una década.
Es decir: en los últimos 20 años, de aquellas causas que duraron más de la mitad de ese tiempo hay 88 terminadas y 50 que todavía siguen en trámite. Toda una foto.
Si en ese cálculo se excluyen los expedientes de la Casación y se analizan las restantes 3.917 causas, se ve que los juzgados con más causas en trámite son el 11 de Claudio Bonadio (83), el 10 de Julián Ercolini (76) y el 2 de Sebastián Ramos (70).
El 7 de Sebastián Casanello, el 4 de Ariel Lijo y el 5, históricamente de Norberto Oyarbide, tienen 68, 67 y 66 causas respectivamente.
En el otro extremo, los más aliviados -por eficientes o porque les tocaron menos carpetas- son el juzgado 3 de Daniel Rafecas (38 causas) y el 9 de Luis Rodríguez (30 casos en trámite).
En la Cámara Federal salta la púa: la sala I tiene 17 expedientes abiertos y la II, ninguno.
Los tribunales orales muestran las diferencias más fuertes y claves para la demora de las sentencias.
Mientras que el TOF 3 tiene 64 casos para enjuiciar y el TOF 6 52, el tribunal 1 y el 6 apenas tienen 16 y 17 juicios cada uno, y el TOF 2 sólo 15.
¿Casos cerrados? El campeón es el juez Rodríguez, con 160. Le siguen Oyarbide (120) y Rodolfo Canicoba Corral (106).
En cambio, Bonadio sólo concluyó 77 casos en 20 años, Martínez de Giorgi 75 y la jueza María Servini, 74.
¿Qué juzgados y tribunales tienen causas más tiempo? Por lejos, el tribunal 5 que hasta abril de 2016 comandó Oyarbide, con 12 expedientes con más de 10 años de trámite.
Detrás aparece el juzgado de Casanello, con 6 causas. Una aclaración: Casanello recién llegó a su sillón en 2012.
Por supuesto, los números también pueden ser arbitrarios: para bien o para mal.
Un tribunal al que le hayan tocado varias causas muy complejas puede demorarse con ellas y caer en el promedio. Y la aparente buena performance de otro juzgado puede disfrazar demoras y picardías con algunos pocos expedientes pero muy resonantes y con acusados importantes.
Hay muchos más datos, algunos para analizar con mucho más cuidado. Por ejemplo, es notoria la bajísima proporción de indagatorias respecto de la cantidad de causas en los juzgados.
Servini tramita 62 casos y sólo en 21 se tomaron declaraciones.
¿Sebastián Ramos? Indagó en sólo 10 de las 70 causas en las que está trabajando. Rafecas, en 7 de 38; Martínez de Giorgi reemplazando a Oyarbide en 23 casos sobre 68 y en su juzgado, 16 de 60 causas.
Además, Canicoba tomó indagatorias en 14 de 50 expedientes; Casanello en 25 de 70; Rodríguez sólo en 4 de los 34 expedientes que se mueven en su tribunal. Seguro tendrá una buena explicación.
Ercolini interrogó a los acusados en 18 de las 72 causas que tramita, Bonadio en 25 de 84 y Sergio Torres en apenas 5 expedientes sobre 48.
En cambio, Ariel Lijo indagó en 54 de los 67 casos que lleva. Un promedio altísimo.
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Referencia Clarin
