Al menos 8 consensos para reformar la Ley de Comunicación

Para los periodistas y activistas por la libertad de expresión, la reforma o sustitución de la Ley de Comunicación es urgente. Sin embargo, será muy difícil que el país se ponga de acuerdo en gran parte de los temas, partiendo del hecho de que el correísmo reformó la Constitución para concebir a la comunicación como servicio público, mientras que mundialmente se la entiende como una manifestación natural al ser humano y un derecho fundamental.

En ese sentido, legisladores como Wilma Andrade, Lourdes Cuesta o Jeannine Cruz, han presentado sus proyectos de Ley. En el caso de Andrade es reformatorio, mientras que en el de Cuesta y Cruz se plantea sustituir la actual Ley por otra, orientada menos al control y más a la protección de derechos.

Hay puntos en los que nadie se pone de acuerdo, como la titulación obligatoria de periodistas, pese a la existencia de un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no se puede restringir la libertad de expresión con la exigencia de colegiación o títulos. Sin embargo, Fundamedios reveló al menos ocho temas en los que habría acuerdos entre todos los sectores. (MMD) 

Supercom: mecanismo de persecución
°   Un punto en el que gran parte de los actores coincide es en la necesidad de eliminar la Superintendencia de Información (Supercom), que habría sido incorporada a la Ley de forma inconstitucional y que sirvió para sancionar a medios en los últimos 5 años. Una opción sería que el Consejo de Regulación de la Información (Cordicom) asumiera sus competencias.

El consenso es difuso, sin embargo, si las restricciones deben ser sometidas únicamente a la función jurisdiccional, para garantizar la protección de derechos, y si el Cordicom mantendrá la criticada capacidad de sanciones en sede administrativa.

Linchamiento mediático
° Eliminar la figura del linchamiento mediático es un tema de amplio consenso. Incluso fue catalogado como “crimen inventado” por Joel Simon, el presidente del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que visitó recientemente el Ecuador.

Según analistas, la discrecionalidad que genera esta figura, en un caso determinado, podría implicar un mecanismo para evitar que los medios difundan información de relevancia sobre funcionarios públicos inmersos en escándalos de corrupción.

Censura por omisión
°  En Ecuador se llegó a sancionar a medios de comunicación no solo por lo que publicaban, sino también por lo que no publicaban o publicaban terceros. Este Diario fue sancionado por no cubrir un evento social, en el que un alcalde rendiría cuentas. Una de las últimas sanciones controversiales de Supercom, y su extitular Carlos Ochoa, fue contra siete medios por no reproducir un texto no verificado de una argentina kirchnerista en el que aseveraba que Guillermo Lasso había afianzado una red de ‘offshores’ para cometer defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, usura y otros supuestos delitos.

El código deontológico
° Se cuestiona que la Ley establezca un código deontológico para los periodistas y medios, ya que no debería ser el Estado quien determine la deontología del ejercicio periodístico sino los periodistas.

Todo esto en un contexto en el que no existen parámetros para determinar qué se entiende por información de relevancia pública. “El código de ética como mecanismo de sanción y censura debe ser reemplazado por la adopción de mecanismos de autorregulación de los medios”, dice el representante de  Fundamedios.

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Referencia La Hora