Maduro firmó este jueves los decretos de activación de cuatro «zonas económicas especiales» (ZEE) ubicadas en distintas regiones estratégicas del país, a fin de avanzar en la «construcción» de un «nuevo modelo pospetrolero».«Estoy seguro (de que esto) nos va a permitir (…) seguir avanzando, con mucho empeño, con mucha perseverancia, en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar, perfectamente, las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales (…) e internacionales», dijo Maduro.Se trata, prosiguió, de la «activación» de la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales -aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020, que consideró un «instrumento de primer orden» con el que se podrá «avanzar en un ensayo» que ha sido «exitoso en muchos lugares del mundo».
Asimismo, con estas «zonas especiales», se tomará la «senda del desarrollo tecnológico, industrial» y de la «diversificación de fuentes de ingresos» para la nación, aseguró durante el acto transmitido por el canal estatal VTV, al que asistieron distintos representantes del sector privado nacional y diplomáticos.
Una de las cuatro ZEE es la isla La Tortuga, donde se desarrollará «uno de los proyectos (turísticos) más importantes» en el Caribe, «elaborado» por «una empresa italiana», destacó.Maduro también activó zonas en la Península de Paraguaná, el punto más septentrional del país, ubicado en el estado Falcón, frente al mar Caribe, y en el también estado costero La Guaira, donde se desarrollarán actividades relacionadas con el turismo, la pesca y la industria, entre otras áreas.
Asimismo, ordenó la activación de una «zona económica especial militar» en el estado Aragua para el «desarrollo de toda la potencialidad científica, tecnológica e industrial» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló que algunos de los incentivos que establece la Ley de las ZEE son la «reducción de 50% de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación» y el «reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que puede alcanzar, en los primeros seis años, hasta 100%, dependiendo de la actividad exportadora».
