El gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa de Venezuela por considerar que han facilitado los “esfuerzos para socavar la independencia y el orden democrático» en la nación sudamericana.
Los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. son David De Lima, Reinaldo Muñoz Pedroza, Indira Alfonzo Izaguirre, y Jose Luis Gutiérrez Parra, indicó el comunicado.
El texto señala que sus acciones son parte de un esquema mayor para “evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas”.
“El corrupto régimen de (Nicolás) Maduro está intentando controlar la Asamblea Nacional de Venezuela a través de elecciones fraudulentas”, cita el texto al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.
Indira Alfonso y Jose Luis Gutiérrez son la presidenta del Consejo Nacional Electoral y uno sus los rectores principales, respectivamente. Nombrados en junio de este año, sus nuevos cargos, expone el comunicado, son parte de los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro «para garantizar una farsa electoral parlamentaria”, este 6 de diciembre.
Reinaldo Muñoz es el Procurador General del país, ratificados meses atrás, y el encargado de representar al Estado venezolano ante terceros – nacionales e internacionales – en términos del patrimonio del país.
El texto destaca que tanto el nombramiento de Alfonzo y Gutiérrez, como la ratificación de Muñoz, fueron realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera “controlado por funcionarios amigos” del gobierno en disputa, y fueron rechazadas por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
En el caso de De Lima, exgobernador, la OFAC lo señala de ser el líder de dos esquemas de corrupción de compra de votos conocidos “Operación Maletín Verde” y “Operación Escorpión”.
Ambas operaciones, explica el comunicado, supuestamente compraron los votos de diputados con el propósito de, en el nombre del gobierno de Maduro, socavar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2020.
De Lima, detalla la OFAC en el texto, habría trabajado con Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo del país, y el empresario colombiano Alex Saab, quien es acusado por EE.UU. por sus relaciones con el gobierno interino de Maduro y actualmente espera respuesta de la solicitud de extradición que hizo EE.UU. a Cabo Verde, África, donde está detenido.
“El trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a perturbar el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional”, indicó en un comunicado sobre las sanciones el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Estas sanciones implican que las propiedades de estas personas en EE.UU., o en posesión o control de estadounidenses, son bloqueadas. La medida aplica a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más, en la que participen los sancionados.
El gobierno en disputa de Venezuela ha rechazado en otras oportunidad este tipo de señalamientos y sanciones de EE.UU. hacia sus funcionarios. Esta no fue la excepción.
En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del canciller Jorge Arreaza, calificó las sanciones como “medidas coercitivas unilaterales contra las instituciones venezolanas”.
“Ninguna presión externa podrá evitar que el pueblo venezolano ejerza su derecho al voto y decida su destino de manera soberana”, se lee en comunicado.
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