La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado y encarcelado por corrupción, dijo que el ex presidente brasileño es “víctima de una intensa humillación”, al rechazar los términos de la decisión judicial que autorizó su transferencia a un “establecimiento” penitenciario en Sao Paulo.
“Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia”, señaló en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins, que adelantó que recurrirán la decisión tomada por una jueza de la ciudad de Curitiba, donde el exmandatario cumple una pena de 8 años y 10 meses de cárcel.
El letrado informó que “tomará todas las medidas necesarias” con el objetivo de “restablecer la libertad plena” del ex jefe de Estado (2003-2010) y “asegurar sus derechos”, recogidos en la ley y en la Constitución brasileña.
La magistrada Carolina Lebbos ordenó la transferencia de Lula da Silva desde la sede la Policía Federal de Curitiba, donde está preso desde el 7 de abril de 2018, a un “establecimiento” penitenciario en Sao Paulo.
La Justicia de Sao Paulo, por su parte, autorizó su traslado a la prisión Doutor José Augusto Salgado, conocida como Tremembé II, en el interior del Sao Paulo.
La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido al encarcelamiento de Lula Silva, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma “permanente” para evitar enfrentamientos entre “grupos antagónicos”.
En los alrededores del recinto, simpatizantes del líder del Partido de los Trabajadores (PT) acampan desde que ingresó en prisión y realizan actos en la zona para apoyarlo.
La defensa de Lula Silva recordó que pidió en un primer momento la suspensión de su posible traslado hasta que finalizara el análisis de un recurso de “habeas corpus” que tramita en la Corte Suprema de Brasil.
De acuerdo con los abogados, esa audiencia sobre la posible excarcelación de Lula Silva deberá reiniciarse “en breve” por parte de la Segunda Sala del Supremo.
En un segundo término también pidieron que, en caso de que se aprobara su transferencia, como así ha ocurrido, se reubicará al antiguo dirigente sindical en una “Sala de Estado Mayor” de una unidad militar, la cual cuenta con condiciones especiales.
Sin embargo, la magistrada que autorizó su transferencia no acogió esa solicitud y únicamente determinó su traslado a un “establecimiento” penitenciario de Sao Paulo, sin definir en qué condiciones o en cuál.
Para la defensa, esa negativa va en contra de la jurisprudencia y viola los derechos de Lula Silva por su condición de haber sido jefe de Estado brasileño.
El exmandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de hallarlo culpable por recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula Silva ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula Silvapermanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada por su condición de expresidente, en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país y donde también se encuentra el tribunal a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que fue encarcelado.
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Referencia: EFE/JCS
