El presidente elevó una petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el mandato de la Misión, que verifica la implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo de Paz, sea prorrogado por un año más
El jueves, el presidente Iván Duque envió una misiva dirigida a Antonio Guterres y Karen Pierce, secretario general de las Organización de Naciones Unidas (ONU) y presidenta del Consejo de Seguridad, pidiéndoles una prórroga del mandato de la Misión Política Especial de la ONU en Colombia, que se encarga de verificar la implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, pactado en 2016 entre el gobierno y la antigua guerrilla Farc.
La solicitud del jefe de Estado no solo deja en evidencia su voluntad de continuar el camino de la paz, especialmente a través de la vigilancia de la reincorporación y las garantías de seguridad de excombatientes, que es lo que contemplan los dos puntos que son verificados por la Misión, sino que indica que, con anterioridad a la petición, hubo una reunión entre ambas partes para acordar la prórroga, lo que deja entrever que existe un diálogo alrededor de los desafíos de la implementación.
Según la Resolución 2366 de 2017, “el Consejo de Seguridad «expresa su disposición a colaborar con el Gobierno de Colombia para prorrogar el mandato de la Misión de Verificación sobre la base del acuerdo de las partes».
“El Gobierno Nacional y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) hemos convenido solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogar el mandato de la Misión Política Especial porun año más a partir del 27 de septiembre de 2018”, señala la misiva en la que agradecen a la ONU su apoyo en la implementación del Acuerdo de Paz.
El presidente Duque aseguró que «consideramos que la supervisión internacional es muy importante para ayudarnos a nosotros en el ejercicio de la legalidad y en permitir que la base guerrillera haga una transición de desmovilización, desarme y reinserción que sea exitosa». «Creo que esa es una misión que contribuye al deseo nuestro, que ha sido siempre no destruir los acuerdos, pero adelantar aquellos correctivos que van encaminados a que las cosas que van saliendo mal no representen una amenaza a la seguridad pública», agregó.
La Misión de Verificación comenzó sus actividades el 26 de septiembre de 2017, inmediatamente después de haber finalizado el mandato responsable de verificar el cese al fuego y la dejación de armas. Desde entonces, presenta un balance imparcial cada 90 días sobre los avances y desafíos en el cumplimiento de los puntos 3.2 y 3.4 pactados en La Habana, que implican lo siguiente:
Acuerdo 3.2: Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Según la Misión, los contenidos del Acuerdo a ser verificados especialmente son:
- Reincorporación política.
- Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política.
- Reincorporación económica y social.
Acuerdo 3.4: Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Los contenidos del Acuerdo que son verificados especialmente son:
- Medidas de protección, seguridad personal y colectiva.
- Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias.
- Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.
