La CIDH pide explicación al Estado sobre inhabilitaciones
La sociedad civil solicitó suspender la contienda del 20 de mayo por ausencia de garantías. Denuncian política de debilitamiento de la pluralidad política.
Durante el 168 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado explicar en cuáles elementos basa la transparencia de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
“El sistema hace imposible la modificación del resultado. La clave numérica no depende de una sola parte: está compartida por el CNE y todos los actores políticos. Hace imposible acceder a los datos”, indicó Larry Devoe, representante del Estado, quien descartó cualquier posibilidad de fraude e indicó que 150 invitados internacionales podrán verificar la efectividad del sistema electoral. También sostuvo que el organismo comicial convocó de forma legítima las elecciones, porque las leyes no estipulan fecha para su realización.
Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, rebatió a Devoe y dijo que la Constitución establece el final del período presidencial para el 10 de enero, con lo cual la celebración de comicios en mayo no es adecuada. Señaló: “Un sistema electoral fiable debe ser autorizado por un órgano electoral capacitado”. Añadió que la justicia electoral es discrecional y puso como ejemplo la forma expedita cómo se resolvieron las denuncias sobre el fraude en Amazonas en las parlamentarias de 2015, y la omisión que habido en el caso del estado Bolívar en el que las actas prueban la adjudicación ilícita del cargo de gobernador al candidato oficialista.
Durante la audiencia denominada Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela, el presidente de la CIDH y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, solicitó informar qué partidos y dirigentes han sido víctimas de algún tipo de medida de exclusión. Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quiso saber cuántas personas están impedidas de participar en el proceso electoral y cuáles son los motivos por los que no pueden participar.
Beatriz Borges, representante del Centro de Justicia y Paz, informó: “De un total de 62 partidos políticos registrados por el CNE para febrero de 2016, en febrero de pasado apenas sobrevivieron 17, de los cuales 10 postularon al presidente Nicolás Maduro para la reelección y 4 a Henri Falcón”.
Borges denunció la puesta en marcha de una política de debilitamiento al pluralismo político. El representante del Estado argumentó que 14 de los 18 partidos que hay en el país participan en los venideros comicios y que incluso dirigentes opositores han avalado el proceso, pese al llamado a la abstención de sus organizaciones.
La coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, denunció que las trabas impuestas generaron que “un elevado número de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad aún no se encuentran inscritos en el sistema electoral”. La comisionada Esmeralda Arosemena expresó: “El Estado señaló que el registro está abierto y si quisiera podría registrarse hoy mismo. Quisiera saber la viabilidad de esa indicación”. La respuesta del representante venezolano fue que el registro está abierto permanentemente.
Suspensión. El director del OEV, Luis Lander, y el resto de las ONG abogaron ante a la CIDH por la suspensión de las elecciones presidenciales. Armando Vivas, representante de Espacio Público, argumentó que una nueva convocatoria electoral debe hacerse “con la publicación oportuna de un cronograma que respete los plazos legales y cumplan con las garantías electorales establecidas en la normativa electoral vigente”.
La comisionada Esmeralda Arosemena planteó la posibilidad de que la CIDH, a la que el Estado no le permite visitar el país desde hace 16 años, participe como observadora en las elecciones: “No sé si exista la posibilidad de que un grupo de la CIDH asista el próximo 20 de mayo a este evento tan importante para los venezolanos”.
En la audiencia también se planteó el respeto a los medios de comunicación durante los procesos electorales. Espacio Público denunció que en 2017 registraron 267 horas de cadenas obligatorias en radio y televisión. “Desde comienzos de 2018 hasta el día de hoy, documentamos 30 horas de cadenas nacionales obligatorias. Este mecanismo es utilizado con fines de proselitismo político y se realizan sin ningún tipo de regulación normativa”.
Discriminación a personas con discapacidad
“Solo las personas con discapacidad que tienen el carnet de la patria pueden obtener medicinas, eso es una violación de derechos humanos”, denunció ayer Juderquis Aguilar, representante de Provea, ante la CIDH. La activista aseguró que el Estado ha incumplido con sus obligaciones con este sector de la población.
“El último censo realizado en 2011 no refleja la situación actual de las personas con discapacidad. Hay una serie de datos que no fueron incluidos, entre ellos cuál es la cantidad de personas empleadas en el sector formal e informal, y cuántos están desempleados. Esto dificulta, en gran medida, la aplicación de políticas de asistencia”, agregó.
Juan De Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, sostuvo que “la política del Estado de entregar bonos es una estrategia ‘asistencialista’, a la que solo tienen acceso grupos pro oficialistas”. Indicó que debido a la ausencia de intérpretes en las universidades, solo 23% de las personas sordas puede acceder a la educación superior. De Gouveia pidió a la CIDH no hacerse la sorda ante la situación venezolana.
Brotes de sarampión, difteria y AH1N1 afectan con más incidencia a los niños en situación de vulnerabilidad como los que presentan alguna discapacidad, señaló Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, quien solicitó al Estado acatar los estándares internacionales para el mantenimiento de los hospitales.
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