Los opositores venezolanos iniciaron este jueves un paro general para exigir al presidente Nicolás Maduro que retire su Asamblea Constituyente, tras casi cuatro meses de protestas con violentos disturbios, bloqueos de calles y una economía a media marcha.
El paro cívico, de 24 horas, arrancó a las 6 de la mañana locales (las 10h GMT) en el inicio de la llamada «hora cero», una intensificación de las manifestaciones que dejan un centenar de muertos desde el 1 de abril.
Animada por los 7,6 millones de votos del plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo contra Maduro y su Constituyente, la oposición convocó a un cese de actividades formales e informales pero «activo», por lo que vías de Caracas y otras ciudades amanecieron desoladas y bloqueadas con barricadas.
La escalada echa a andar una cuenta regresiva. Dentro de diez días, por iniciativa de Maduro, se elegirán 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna, una controvertida convocatoria que prendió aún más la calle.
«Tengo siete obreros y les voy a pagar el día. No importa perder una jornada de trabajo si estamos perdiendo un país. Me sumo al paro para rescatar lo poco que nos queda de él, para aumentar la presión», dijo a la AFP Omar, de 34 años, dueño de una pequeña empresa constructora del sureste de Caracas.
No obstante, confrontado también a una fuerte presión internacional para que desista de su proyecto, el mandatario asegura que la Constituyente irá contra viento y marea «por la paz y recuperación económica» del país.
«Va, ahora más que nunca», dijo Maduro el martes, al rechazar amenazas de sanciones económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, si avanza la Constituyente.
El paro es apoyado por la cúpula empresarial, cámaras de comercio e industria, parte de los sindicatos, estudiantes y transportistas. Pero el gobierno controla la estratégica industria petrolera y el sector público, con casi tres millones de empleados.
«Este paro es un pulso de fuerza financiera entre un empresariado y una población famélica y pauperizada, contra un gobierno también quebrado, pero que controla los pocos recursos de un país petrolero», opinó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
Marcela Máspero, coordinadora de la Unión de Trabajadores de Venezuela (UNETE) -una de las principales centrales obreras del país-, sostuvo que muchos empleados «están sometidos a presiones», pero aún así apoyarían una huelga general.
«Estos días son claves para saber si el gobierno entiende que una salida pacífica y democrática a la crisis, para los trabajadores, significa retirar la Constituyente», declaró a la AFP el dirigente sindical Froilán Barrios.
Los empresarios, a quienes Maduro acusa de una «guerra económica» para derrocarlo, apoyan el paro porque creen que la Constituyente instaurará un modelo económico que empeorará la crisis que sufre el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Afectada por una severa escasez de alimentos y medicinas y una voraz inflación, Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década, y las que quedan funcionan al 30% de su capacidad, según la patronal Fedecámaras.
«La Asamblea Constituyente no es más que una manera de disfrazar la transformación de Venezuela a un Estado comunista», aseguró el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.
Referencia AFP
