SANTIAGO DE CHILE
Una corte chilena ordenó devolver los bienes incautados a Augusto Pinochet y a su familia, así como sobreseer a seis altos oficiales retirados del ejército que fueron procesados por malversar fondos públicos en favor del dictador.
El tribunal determinó que tres de los seis altos oficiales que trabajaron con Pinochet no cometieron el delito de malversación de caudales públicos en forma continuada, razón por la cual la acción penal prescribió, y los tres restantes perpetraron una apropiación indebida, que también prescribió, según un informe del poder judicial divulgado el miércoles.
Una comisión senatorial estadounidense descubrió en 2004 que Pinochet mantenía una fortuna escondida en diversos bancos, especialmente en el Riggs de Estados Unidos, la cual ascendía a unos 27 millones de dólares, ingresos que no podía justificar aunque no hubiera gastado ninguno de sus salarios.
Una investigación judicial en Chile concluyó que Pinochet se apoderó de dineros públicos con ayuda de oficiales de su entorno, pero nunca se avanzó hasta iniciar un juicio, ni se emitió ninguna sentencia. El dictador, muerto en diciembre de 2006, fue indagado además por dos acusaciones de violaciones a los derechos humanos, pero los distintos jefes que llevaron el caso nunca lo declararon culpable, sino que sólo pasó algunos períodos bajo arresto domiciliario.
El fallo anuló la sentencia del juez Manuel Valderrama, que también ordenó embargar bienes de los seis oficiales, los cuales deberán ser restituidos. Ahora el caso pasará a la Corte Suprema, que debe pronunciar la última palabra.
La familia del dictador recibirá de vuelta una veintena de vehículos y otra veintena de inmuebles, además de cuentas bancarias congeladas.
El régimen de Pinochet, que se extendió de 1973 a 1990, dejó una cifra oficial de más de 3.000 opositores asesinados, de los cuales más de un millar siguen desaparecidos, y otros 37.000 prisioneros políticos y/o víctimas de tortura.
