Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no hay recursos para su implementación.
La semana pasada, en los apuros del fin de la legislatura y aunque el Gobierno dejó reiteradas constancias sobre la inconveniencia de su aprobación, el Congreso pasó cuatro leyes cuya implementación costará billones de pesos que, simplemente, no existen en el presupuesto nacional.
Dos de ellas llamaron la atención y fueron objeto de grandes titulares, por su alcance social: la que reduce en 150 semanas las cotizaciones de las mujeres que ganen hasta dos salarios mínimos y que cumplan con la edad de 57 años, y la que baja del 12 por ciento al 4 por ciento los aportes de los pensionados a salud.
La primera, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le costaría al fisco 2 billones de pesos al año, mientras que la disminución de los aportes a salud de los pensionados costaría 3 billones por año. Serían 5 billones anuales que no tienen fuente alguna de financiación, en contravía de la llamada regla fiscal, que obliga a que cualquier norma aprobada consulte de antemano la realidad del presupuesto.
Las otras dos leyes, de “inmenso impacto fiscal” según Cárdenas, son: la que incorpora el tratamiento de fertilización al POS y la que aprobó la realización del examen de tamizaje neonatal.
En el caso de la ley que se refiere a la fertilización, lo aprobado contempla que el sistema de salud pague, con sus recursos, todos los tratamientos de fecundación, cada uno de los cuales puede llegar a costar hasta 100 millones de pesos según los expertos.
En lo relacionado con el tamizaje neonatal, implicaría que todos los recién nacidos sean sometidos a exámenes adicionales a los que usualmente se cumplen, para establecer la eventual existencia de enfermedades extrañas.
Si bien el Ministerio de Hacienda no reveló el costo fiscal de las dos leyes, sí hizo saber que no hay recursos para llevarlas a la práctica.
Las normas, según explicó el ministro Cárdenas, fueron aprobadas en los cuatro debates cada una, no obstante las reiteradas advertencias del Gobierno sobre la falta de recursos y de estudios que sustentaran su conveniencia.
El alto funcionario dijo que se trata de “leyes populistas” que no obstante sus aparentes buenas intenciones, no beneficiarán a los colombianos porque no se podrán llevar a la práctica por física falta de plata.
Según fuente del Ejecutivo, al ser advertidos de que no era conveniente aprobar estas leyes, algunos congresistas le hicieron saber al Gobierno que las pasarían porque sabían de antemano que serían objetadas.
La norma que reduce el aporte de los pensionados a salud posiblemente no alcance a llegar ni siquiera a la objeción del Gobierno, porque el Congreso incurrió en vicios durante su trámite.
Las plenarias de Cámara y Senado habían votado ya la conciliación del proyecto, en la cual se acogía lo aprobado en la Cámara, en el sentido de que ese beneficio cobija a todos los pensionados. Pero la semana pasada, de manera sorpresiva, 26 senadores pidieron que se reabriera la discusión de la conciliación porque ya no estaban de acuerdo con lo que habían votado.
Aunque la mesa directiva reabrió la discusión de la conciliación del proyecto, la mayoría de los senadores habían abandonado el recinto y la ley quedó en el limbo. Está previsto que este martes se tomará una decisión. Pero para el Ejecutivo, la norma ya está viciada de inconstitucionalidad.
Hay reparos
De hecho, varios senadores coinciden con esa apreciación. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, admitió que “ahí hay un tema de requisito legal que no se cumplió en algunas de estas leyes”. Y Armando Benedetti, de ‘la U’, también señaló que “el procedimiento está viciado”.
En la otra orilla, el senador del Polo Iván Cepeda dijo que “en buena hora el Congreso aprobó normas que podrían aliviar la situación de muchas personas”.
El médico Carlos Francisco Fernández, asesor editorial en temas médicos de EL TIEMPO Casa Editorial, dijo que “sin duda estas leyes son benéficas desde el punto de vista sanitario, pero su costo fiscal es muy elevado. Sería importante que cuando se aprueben estas leyes se definan sus fuentes de financiación o si el presupuesto para la salud se va a aumentar”.
Opiniones
Armando Benedetti
Copresidente del partido de ‘La U’
“Esos proyectos están viciados porque inicialmente tenían que tramitarse los relacionados con la paz”.
Carlos F. Motoa
Senador de Cambio Radical
“Se necesita el concepto previo del Minhacienda, que no lo tuvieron algunas de esas iniciativas”.
Jaime Amín
Senador del Centro Democrático
“Algunos de esos proyectos fueron promesa de campaña del Gobierno, y ahora tienen que admitir su elevado costo”.
Efraín Cepeda
Senador conservador
“La mayoría de estas son leyes de justicia social y por eso es necesario que se consigan los recursos”.
Circunscripciones especiales, tema álgido en Senado
Con una sesión cuyo tema central –además de votar algunas conciliaciones– será el debate sobre la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz (en zonas afectadas por la violencia), el Senado cierra la legislatura este martes.
Esta reforma constitucional, que se tramita por la vía rápida (‘fast track’) forma parte de lo acordado en La Habana, pero ha estado enredada para su segundo debate. Aunque estaba previsto que se votara el jueves, los reparos de algunos congresistas amigos del Gobierno la frenaron.
“La plenaria (del martes) será una prueba de fuego para saber quiénes van a acompañar al Gobierno dentro del partido y quiénes no”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. “En el partido habrá libertad para votar, pero no todos están muy de acuerdo con el proyecto”, dijo el senador conservador Efraín Cepeda. Esta iniciativa necesita, para ser aprobada, el voto favorable de, al menos, 52 de los 102 senadores.
De referencia: El Tiempo.
