«La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. «Prov 21,7
Ante la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diversos sectores sociales de la Nación, esta Comisión quiere expresar:
1. A todos/as sincera solidaridad y cercanía espiritual, en momentos en que el gobierno, garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable.
2. Nuestra preocupación al observar que la mayor violencia la ejercen los organismos de seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos que usando armas prohibidas, reprimen manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto como lo declaró la ciudadana Fiscal General de la República.
3. Nuestro desacuerdo con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales, ya que ha sido utilizada indebidamente la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución.
4. Nuestro rechazo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en una situación de convulsión social y violencia.
Por todas estas razones, la Comisión de Justicia y Paz:
• Insta al Estado Venezolano, particularmente al Consejo Moral Republicano, a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
• Exhorta al Ministerio Público, para que intente las acciones a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia, para hacer efectiva las responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dichos funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 280,281y 286).
• Exige al Poder Judicial, que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos Humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Encomendamos esta preocupante situación a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y exhortamos a todos los sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los ambientes clamando a Dios por Venezuela.
+ Mons. Roberto Lückert
Presidente de la Comisión
de Justicia y Paz de la CEV.
