No dar más beneficios a los grupos disidentes de las Farc y a las bandas criminales, pidieron varios exfiscales ante la decisión del Gobierno de radicar un proyecto ley para el sometimiento de los delincuentes. La iniciativa contempla rebajas de hasta el 50 % en las penas para quienes se acojan a la ley.
Decir la verdad, entregar todos los bienes obtenidos con dineros provenientes de actividades ilegales y reparar a sus víctimas, son algunas de las condiciones con las que deben cumplir los miembros de los grupos armados y delictivos organizados para obtener una rebaja de la mitad del tiempo en sus penas, según plantea el proyecto de ley de sometimiento de bandas radicado, por segunda vez, por el Gobierno nacional.
El ministro de justicia, Enrique Gil Botero, dijo que debe haber sometimiento total del grupo ilegal y que, si cumplen con los requisitos, las disidencias de las Farc también podrían acogerse.
“Los disidentes de las Farc en este momento son delincuencia común, son bandas criminales y el proyecto está dirigido a ese tipo de organizaciones”, explicó Gil.
Precisamente el hecho de que los disidentes de las Farc puedan beneficiarse del proyecto, fue uno de los temas criticados por los exfiscales y expertos conocedores en el tema.
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez dijo que en ese punto se debe profundizar un poco más, y recordó que los llamados disidentes son personas que no entraron en un proceso de paz, y si no lo hicieron en el actual gobierno que fue amplio y generoso, lo que habría que entrar es aplicarles la ley con todos los rigores del caso.
Sostuvo el político que “porque si no vamos dejando espacios para que no se atienda las ofertas generosas del Estado, y que de todas maneras la tengan; y pensar que en los acuerdos los disidentes actuaban por fuera de la dirigencia política y entraban a ser delincuentes comunes”.
Gómez Méndez expresó que no está bien que el Estado empiece a negociar con los delincuentes comunes. “Yo preferiría profundizar un poco más en eso, pero en principio creo que el Estado no puede estar dando tantas largas; ya hizo un proceso de paz con diferentes garantías, porque lo que hace carrera es que mantener por fuera de la legalidad paga, porque tarde o temprano el Estado va a ceder”.
Por su lado, el exfiscal Mario Iguarán opinó que “es importante crear un instrumento, como se ha hecho en el pasado; no se trata ni de indulto o amnistía, pero sí, un instrumento para poder desarticular y desmovilizar estas agrupaciones ilegales de delincuencia común”.
Sostuvo que “en efecto los disidentes de la guerrilla de las Farc podrían estar dentro del proyecto porque la gran mayoría están en las bandas criminales, y en ese orden de ideas, en últimas se transformaron en delincuentes comunes”.
“Creo que es un instrumento de sometimiento a la justicia, no de perdón, ni indulto, ni amnistía; allí habrán penas y sanciones”, expresó Iguarán.
Por su lado el exfiscal Luis Camilo Osorio dijo que “creo que por razones políticas y de toda la argumentación que se dio al proceso de paz como una manera de condicionar para acogerse a esos mandatos, destruyó cualquier actuación delincuencial a partir de esta fecha del año pasado, como norma de privilegio, y sacar otra ahora, es decirle a los delincuentes, no se preocupen que más tarde sacamos otra corrigiendo todo”.
Dijo Osorio que si ya están dadas unas condiciones, lo que se debe hacer es que se acojan a la norma ordinaria, y que no se establezcan privilegios que es lo que se quiere en estos momentos. “A mí me parece que sería una vez más reglamentar el orden jurídico para beneficiar a los criminales”, declaró.
Mientras tanto el exfiscal Alfonso Valdivieso dijo que “las Bacrim solo puede enfrentárselas de manera muy drástica por la vía de la persecución judicial y desde luego la vía de la acción armada”.
Añadió que se trata de organizaciones “que desde ningún punto de vida pueden ser tratadas con procesos de negociación”.
El exfiscal Valdivieso consideró también que si las bandas criminales “desbordan la capacidad de acción de la fuerza de la Policía en determinadas áreas, el Ejército debe ser una alternativa para enfrentarlas”.
Otras opiniones
Al mismo tiempo, el exministro de Justicia Jorge Londoño resaltó que “si se pueden beneficiar en buena hora, ayude a amainar los procesos de violencia y a disminuir personas que empuñen las armas, pues bienvenido sea. Y ahí hay que hacer una diferencia; entonces ya no tendría los beneficios que tuvieron los que se acogieron a la jurisdicción especial para la paz”.
Indicó que allí lo que existe es un sometimiento a la justicia y no hay otra posibilidad, “ellos lógicamente tendrán que pagar penas mucho más grandes y estarán sometidos a la justicia ordinaria”.
Londoño añadió que ellos lo único que están haciendo es sometiéndose a la ley y a la jurisdicción ordinaria; informó que allí no hay ningún tratamiento especial en la jurisdicción para la paz.
El exministro de Justicia Parmenio Cuéllar, dijo que el problema de las Bacrim es muy delicado porque no se trata de la delincuencia común de antes sino que, como se vio con el precedente de Pablo Escobar, enfrentan al Estado. Ahora el Clan Úsuga no se ha limitado a sus actividades criminales sino “que hicieron algo que es más de la delincuencia política, hacer un paro armado contra el Estado, desconocerlo”, dijo.
Entonces, añadió, “hay un reto que no se puede combatir con el pensamiento que se tenía antes. Por eso propuse en un proyecto que se hundió, crear la Policía Militar, que fuera capaz de hacer más que la fuerza pública que contiene el delito. Ir hacia una forma diferente de combatir este fenómeno utilizando todos los medios”. Añadió que la situación es distinta, “el Congreso tiene que entender eso para expedir una nueva ley sobre el particular”.
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Referencia El Nuevo Siglo
