Se aprobaron 9 iniciativas, entre ellas la JEP, pero quedó por fuera la reforma política. El fin del procedimiento legislativo especial o fast track, con el que se tramitaron los proyectos para desarrollar el acuerdo de La Habana en el Congreso, dejó un balance agridulce para el Gobierno.
El arranque de una campaña electoral particularmente competitiva, la pugnacidad entre el Gobierno y la oposición, lo poco ‘taquillero’ que resulta defender el acuerdo de paz y los intereses particulares de cada partido no crearon el escenario propicio para finalizar satisfactoriamente la implementación de los acuerdos de paz.
El primer semestre, cuando el Gobierno logró mantener las mayorías con amplia solvencia, fue el más prolífico del fast track. Se lograron aprobar seis iniciativas.
Pero después del receso legislativo de mitad de año el barco de la paz empezó a recorrer aguas tormentosas, especialmente después de la decisión de la Corte Constitucional de permitir que las propuestas de los congresistas para modificar los proyectos de la implementación debían debatirse y votarse.
De esta segunda etapa del fast track el hecho más sobresaliente fue la aprobación de la ley que reglamenta la justicia para la paz, columna vertebral del acuerdo. Pese a que su trámite fue tortuoso en algunos momentos, a última hora se logró su aprobación y la iniciativa va camino de su estudio en la Corte Constitucional.
Con la decisión de la Corte Constitucional, los congresistas empezaron a proponer modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno y la mayoría de sus proposiciones tuvo que ser estudiada por el Congreso.
El fallo del alto tribunal permitió, además, que los artículos de las iniciativas se pudieran votar uno por uno y no en bloque como se venía haciendo hasta ese momento, lo que agilizaba el trámite de las mismas.
Ese hecho, sumado a la campaña electoral que se precipitó con pugnacidad, hicieron que el desarrollo de lo pactado en Cuba tomara, en el segundo semestre, paso de tortuga.
Los legisladores muchas veces pasaban más tiempo en sus regiones buscando votos para 2018 que pensando en sacar adelante los proyectos para implementar el acuerdo.
El otro duro golpe que recibió el Gobierno vino desde un partido de su propia coalición: Cambio Radical.
El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció a finales de septiembre de este año su oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la reforma política, dos proyectos fundamentales en las cuentas del Ejecutivo.
Con el sol sobre su espalda, el Gobierno se vio en aprietos para mantener las mayorías y la Unidad Nacional se empezó a resquebrajar.
Algunos congresistas que parecían amigos del Gobierno empezaron a ponerle talanqueras al trámite de los proyectos, pues la paz, según expertos, no es el tema más taquillero en época electoral.
La antigua guerrilla de las Farc tampoco ha ayudado a mejorar el clima adverso de la opinión pública contra los acuerdos.
Anuncios como el de mantener el nombre Farc para su partido político y el de presentar las candidaturas de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, a la Presidencia y de los principales ex miembros del secretariado al Congreso son legítimas desde el punto de vista de lo pactado, pero levantaron ampolla entre la opinión pública.La firma de La Habana sirvió para un hecho importante: parar la guerra, pero la construcción de la paz es una tarea más compleja que apenas comienza y el Congreso así lo demostró.
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Referencia El Tiempo
