La precandidata presidencial envió a una carta a los directores de los medios de comunicación en Colombia en la que advierte sobre el peligro que correría la libertad de prensa en el país de aprobarse como está el borrador de la Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana, que hace parte de la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso.
A continuación publicamos el texto completo de la carta escrita por la aspirante presidencial:
Como es de su conocimiento, el Acuerdo Final del gobierno con las FARC es un entramado de obligaciones para el Estado y un sin número de ventajas para los miembros de las FARC, los cuales se pierden dentro de un texto extenso y farragoso al cual le quedó pendiente el voto favorable de los ciudadanos en el referendo .
Quiero llamar su atención sobre un punto fundamental para los medios de comunicación privados y sobre todo, los de la Fuerza Pública, puesto que en desarrollo del Acuerdo se debe expedir la “Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social”, la cual permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de comunicaciones y puede llegar a instaurar la censura como regla general.
Con fundamento en la libertad de expresión y en el pluralismo poco democrático pregonado por las FARC, en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final, se acordó la conformación de una Comisión de Diálogo con voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. Se dispuso el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP para trabajar en un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.”
Producto de la Comisión de Dialogo, sin publicidad y a espaldas de la sociedad y medios de comunicación, se diseñó el borrador de la Ley Estatutaria, la cual adjunto para su conocimiento, que en sus artículos 81, 82 y 88 implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la Fuerza Pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro. Dicho proyecto ha venido siendo coordinado por el Ministerio del Interior.
Esta pretensión de las Farc que ya había sido plasmada en un documento preliminar durante la negociación hace 5 años, no había vuelto a hacerse pública y curiosamente pasó desapercibida en el debate mediático del Acuerdo . Solo ahora, a propósito de la implementación y en las carreras del saldo que le queda al fast track, se proyecta la censura como regla general, para que los miembros de las FARC resulten intocables, puesto que a la exoneración de responsabilidades jurídicas y políticas que les provee el Acuerdo, se agrega la inmunidad social a sus graves crímenes.
En los artículos 52 y 53 se establece que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse la información antes de difundirse. Se obliga a los medios de manera especial, a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones al medio. A su vez, se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones y se deberá transmitir por todos los medios de comunicación.
El mismo proyecto de ley establece la prohibición para cualquier servidor público de realizar señalamientos o brindar informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las FARC, así como la prohibición para los medios de comunicación de reproducir esa información.
En cuanto a la libertad de prensa y de expresión por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política, apología a la violencia, odio, contrariar el establecimiento constitucional y estatal o, por simple ejercicio político, habrá que preguntar la opinión de dichas organizaciones antes de emitir la noticia. Las investigaciones periodísticas tendrán que estar avaladas por los movimientos sociales, so pena de sanción y réplica. Frente a estos hechos, los servidores públicos deberán guardar silencio so pena de sanciones y los medios de comunicación no podrán reproducir las informaciones.
La implementación del Acuerdo Final implica muchos riesgos desconocidos sobre los cuales insistí desde el inicio de las conversaciones y la campaña del No. Las consecuencias de una mala, improvisada e inconsulta implementación, afectarán a los medios de comunicación y de manera grave la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, derechos consustanciales a la democracia colombiana.
La posibilidad de expropiar y privar también a la Fuerza Pública de los equipos de comunicación y radio con los cuales han mantenido y deben mantener contacto con la ciudadanía promoviendo los valores democráticos y la alianza entre las fuerzas y el pueblo, es totalmente inaceptable y golpearía nuestra democracia que, por contraste, verá a raiz del acuerdo la permanente apología mediática a favor de las FARC con la pedagogía de su lucha y su versión de la historia muy alejada de la de quienes hemos defendido la institucionalidad.
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En el Congreso hubo una audiencia pública sobre este proyecto y no hubo , hasta donde yo conocí, ninguna réplica sobre lo que esta ley significaría para la industria de las comunicaciones en Colombia, ni para las condiciones de libertad en el ejercicio de la profesión . Interpreto dicho silencio como consecuencia del desconocimiento de los medios sobre el texto del proyecto en cuestión, pues de lo contrario el país estaría asistiendo a una autocensura tan inédita como inaceptable para la salvaguardia de nuestra democracia.
Debemos continuar el camino hacia la paz preservando lo benéfico del Acuerdo en cuanto a la desmovilización y dejación de armas de 6000 guerrilleros de la base. Es indispensable a la vez, garantizar las libertades mínimas de la sociedad y sobre todo el derecho a recibir una información completa, veraz , oportuna e imparcial del acontecer nacional que no corra riesgos, ni limitaciones ante un eventual gobierno autoritario
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