Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, dijo este domingo que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas, tras el decreto que firmó el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país», dijo Rodríguez en una audiencia que realiza con la Comisión de la Verdad de la ANC.

El viernes, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal», en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.

La excanciller venezolana Rodríguez indicó que con el decreto que firmó Trump el viernes «se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela» que, según dijo, pretende llevar al país «a una cesación de pagos internacionales para agudizar la agresión económica contra el pueblo venezolano».

 

La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe también las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela».

Para Rodríguez estas sanciones financieras no afectan al Gobierno sino al pueblo venezolano. En ese sentido, reiteró que el Gobierno venezolano prepara una respuesta financiera «recíproca» para el «bloqueo financiero». Asimismo, volvió a culpar a los opositores de las sanciones que Estados Unidos impuso al país pues señaló que ellos las pidieron. Desde hace tres años, Venezuela atraviesa una escasez de medicamentos y alimentos básicos, como la harina de trigo, de maíz, aceite, azúcar y otros.

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Estados Unidos además de estas sanciones financieras, también ha anunciado sanciones a funcionarios venezolanos en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la Asamblea Constituyente, que considera «ilegítima» y por la que dio el paso de denominar «dictadura» a Venezuela.

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