$146.000 millones invertidos en anteriores estudios del Metro de Bogotá se podrían perder si el Alcalde y el gerente del proyecto deciden no utilizarlos total o parcialmente. Para ello la Contraloría de Bogotá citó a los dos responsables para que se pronuncien al respecto.
Con el fin de saber si los $146.000 millones invertidos en los anteriores estudios del metro de Bogotá se perderán parcial o totalmente, al no ser implementados en la actual ejecución de este proyecto de movilidad,
“Por esa circunstancia, y después de una inversión de $146.000 millones, ante la eventual situación de que esos estudios que costaron $146.000 millones puedan no ser usados, se llama a dos servidores públicos a través de un proceso de responsabilidad fiscal para que puedan, en el marco de esas averiguaciones, explicarle a la Contraloría de la posible inutilización o utilización parcial de esa inversión que el distrito desembolsó en unos estudios y diseños”, manifestó en rueda de prensa el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados.
Bajo esta presunta afectación a los recursos de la capital el contralor Granados citó el próximo 29 de agosto al alcalde de Bogotá y al gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar Uribe, con el fin de aclarar el porcentaje de la implementación de estos estudios para el desarrollo del proyecto que busca beneficiar la movilidad de los capitalinos.
La Contraloría de Bogotá anunció recientemente la apertura de un proceso de responsabilidad en el cual el alcalde mayor de la capital tendrá que dar cuenta de la utilización o inutilización de estos estudios.
Por otro lado, la Contraloría también comunicó que: «existe la preocupación en torno a la fecha límite que dio el Gobierno Nacional al Distrito para la suscripción del convenio en el que la Nación financiará el 70 % del costo de la obra, cuyo vencimiento es el 11 de noviembre. Lo importante para la Contraloría de Bogotá es la iniciación de la obra con la mayor calidad y el menor costo posible», manifestó la entidad quien además agregó que los servidores públicos llamados a investigación tendrán todas las garantías de carácter técnico y jurídico conforme a lo fijado en la ley para este procedimiento.
Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez entre en vigencia la Ley de Garantías en noviembre, por el inicio de las campañas electorales, no se podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. Para abrir la licitación del metro este año, el Gobierno y el Distrito deben firmar un convenio de cofinanciación con el que comprometen las vigencias futuras, es decir, el dinero que durante 30 años cada uno asignará a esta obra.
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Tanto Peñalosa como el gerente del Metro deberán comparecer el próximo 29 de agosto a la Contraloría Distrital para que rindan versión libre y detallen las razones de la medida. El proceso de responsabilidad fiscal busca recuperar los dineros públicos que presuntamente hayan sido malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.
Referencia El Espectador
