Con barricadas, comercios cerrados o confinados en sus casas, opositores venezolanos cumplían este miércoles una huelga de 48 horas para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una Asamblea Constituyente, con la que temen se instaure el comunismo.
Paralelamente, Estados Unidos anunció sanciones contra 13 funcionarios venezolanos, entre estos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por «quebrantar la democracia».
Además, el Tesoro estadounidense advirtió que «quien decida sumarse a la Asamblea Constituyente estará minando las instituciones y quedará expuesto a potenciales sanciones».
Muchas calles en Caracas y otras ciudades estaban desoladas, bloqueadas por grupos de vecinos con barricadas de escombros. En algunos puntos de la capital se presentaron choques entre manifestantes y fuerzas del orden.
No más dictadura», «No más represión», se leía en pancartas de los puntos bloqueados.
«Ya basta de la apatía… cada vez estamos peor, con colas y escasez. Pienso estar las 48 horas» de huelga, declaró a la AFP María Auxiliadora, vecina del acomodado barrio de Chacao, en el este.
En el centro de la capital circulaban autobuses. Pero donde el transporte estaba paralizado, muchas personas caminaban para hacer las pocas diligencias que se podían.
«La oposición está haciendo una equivocación muy grave. Están en contra del pueblo, tratando de destrozarnos a todos», se quejó Reinaldo Alfonso, que abrió su peluquería en el popular barrio Catia, oeste de Caracas.
La patronal Fedecámaras y las principales centrales obreras apoyan la huelga.
Pero la vital industria petrolera, operaba en «completa normalidad», según Eulogio del Pino, presidente de estatal PDVSA.
Muchos venezolanos se abastecieron antes de alimentos, y miles cruzaron a pie la frontera con Colombia para aprovisionarse o salir del país, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el viernes una gran marcha en Caracas y amenazó con «boicotear» la elección, el domingo, de los 545 asambleístas de la Constituyente.
El rechazo a la Constituyente -según Datanálisis, del 70%- intensificó las protestas que iniciaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro, que dejan un centenar de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.
La Constituyente ha sido fuertemente criticada por gobiernos latinoamericanos y europeos, así como Estados Unidos.
En la lista de funcionarios sancionados este miércoles figuran también los ministros de Educación, Elías Jaua, y de Interior, Néstor Reverol, y el Defesor del Pueblo, Tarek William Saab.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su «preocupación» por los informes sobre violaciones de los derechos y llamó a «poner fin a la violencia» a la vez que pidió respetar «la Constitución y el Estado de derecho».
Hasta ahora Maduro no ha mostrado ninguna señal de retroceso. Más bien insiste en que la Constituyente «ya es un hecho» y traerá la paz y bonanza económica al país.
La MUD no participará en la Constituyente alegando que no fue convocada en referendo y el sistema de elección fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida, que garantice su permanencia en el poder.
La fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, advirtió que la Constituyente será un «cheque en blanco» para el gobierno y llamó a los venezolanos a jugarse todo para detenerla.
En un video difundido por Twitter, su primer mensaje en arresto domiciliario el líder opositor Leopoldo López pidió a la Fuerza Armada no ser «cómplice» del «aniquilamiento» de la democracia y de un «fraude constitucional».
El gobierno puso a toda marcha la maquinaria del partido socialista. Según los analistas una alta abstención restaría legitimidad a la Constituyente, frente a los 7,6 millones de votos que según la MUD obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.
Pero Maduro se dice seguro de una gran victoria el domingo. Así lo proclama bailando en los mitines una pegajosa canción que promociona la Constituyente.
Maduro enfrenta también el malestar de muchos venezolanos por la profunda crisis económica en que cayó el país, donde la comida y las medicinas escasean y los precios suben todas las semanas.
La oposición lo acusa de convertir a Venezuela en una dictadura y destruir su economía -caerá 12% este año según el FMI- pese a su riqueza petrolera.
Muchas empresas extranjeras han salido del país. La aerolínea Avianca anunció este miércoles la suspensión de vuelos de Caracas a Bogotá y Lima, como ya lo han hecho muchas otras.
Pero Maduro sostiene que es víctima de un complot internacional para derrocarlo. Acusa a Estados Unidos de financiar a sus opositores que quieren afincar el neoliberalismo, dice.
El gobierno anunció que comprobará que sus funcionarios y beneficiarios de sus programas sociales voten el domingo, tras lo que el opositor Henrique Capriles pidió a la gente no aceptar «más chantajes».
Referencia AFP
