Gustavo Villegas se entregó el martes, una vez supo que había una orden de captura en su contra.
A la cárcel de Yarumito será enviado Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, tras la decisión del juez segundo de control de garantías, quien ordenó medida de aseguramiento preventiva privativa de libertad en contra del funcionario, investigado por presuntos nexos con la ‘oficina de Envigado’.
Por su parte, Mariano Zea, excontratista de la Secretaría de Seguridad, investigado en por el mismo caso será enviado a la cárcel El Pedregal, aunque su defensa solicitó que fuera trasladado al patio 16 de Bellavista.
La defensa de ambos acusados apeló la decisión y están a la espera de la respuesta del juez.
Además, consideró que de no imponérseles la medida privativa de la libertad a Villegas y a Zea, se obstruiría la justicia, ya que tienen facilidades para comunicarse con autoridades judiciales y funcionarios de la Policía, aún estando fuera de sus cargos en la Alcaldía.
Durante la audiencia de imputación de cargos, ninguno de los implicados aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia de particular.
Durante la diligencia, el juez le dio la palabra a Andrés Felipe Arango, el abogado de Villegas, quien refutó los hechos presentados por la Fiscalía contra el exsecretario y su exasesor.
El abogado defensor presentó 18 pruebas para demostrar que no existió concierto para delinquir y solicitó al juez que no impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Villegas pues «no duraría tres días en una cárcel» por su trabajo y trayectoria en materia de paz.
Según Arango, hay un error de interpretación del fiscal y el procurador delegado al decir que la única medida posible es la de privación de la libertad al exsecretario, y que solo debe imponerse esta medida cuando la Fiscalía pruebe que las no privativas de la libertad podrían dañar el proceso de investigación.
Por eso, la defensa había pedido que la reclusión de Villegas fuera en la IV Brigada del Ejército, la Escuela de Policías Carlos E. Restrepo o en la cárcel de Yarumito.
Argumentos contra acusaciones de Villegas
De acuerdo con la defensa del exsecretario, no existió concierto para delinquir y en ningún momento se ha manifestado que exista un acuerdo de paz entre la Administración y los combos sino que hubo acercamientos entre la institución y los criminales para el sometimiento a la justicia. Esto, dicen, no comenzó en el 2016 sino desde mucho antes.
Entre las funciones de Villegas estaba la búsqueda de un proceso de sometimiento de las bandas criminales ante la justicia ordinaria. Según dijo el abogado defensor en la audiencia, en ningún momento se dijo que habría beneficios para los criminales diferentes a los que establece la justicia ordinaria.
La defensa admitió que sí se recogieron integrantes de bandas criminales en los vehículos de la Alcaldía pero esto siempre fue informado a la Fiscalía. Las personas que se presentaron fueron judicializadas y el ente acusador hizo las labores de verificación.
El abogado indicó que no existe alianza con las bandas criminales para dar apariencia de legalidad al sometimiento y que todo lo que dijo alias Julio Perdomo, integrante de la ‘oficina de Envigado’, quien es fuente de la Fiscalía y se encuentra en prisión, será desmentido.
Por otro lado, la defensa cuestiona que si Villegas presuntamente brindaba información privilegiada a los cabecillas de las estructuras delincuenciales, estos no la usaran para escaparse, como sucedió con otros líderes criminales.
Del mismo modo, dijo que Perdomo estaba ayudando en el sometimiento a la justicia pero, que por otro lado, hay resultados exitosos que se han logrado en articulación con la Policía y el Ejército.
El abogado puso también en duda sobre quién está detrás de las acusaciones contra Villegas «¿Cuál es el motor político que está detrás de esto y contra la Administración? Estamos realizando las labores como corresponde», reiteró.
Igualmente, la defensa argumenta que las cifras de resultados no son acordes con las acusaciones de que no se está atacando al crimen organizado y citó que alias Barney y Pichi enviaron cartas a la Presidencia y la Fiscalía en la que decían que se querían entregar. «Si ellos se quieren entregar debe ser con una mediación de la iglesia, líderes comunales y líderes de paz como Villegas», expresó.
Dijo también que alias Pichi fue el que siempre propició las entregas voluntarias y no lo hizo fue por un acuerdo con el exsecretario de Seguridad sino por sometimiento a la administración de justicia.
«No veo concierto para delinquir. Gustavo Villegas propició el sometimiento de la Oficina y bandas delincuenciales a la administración de la justicia. Pero nunca pidió a la Fiscalía que los favorecieran, no promovió nunca los delitos. No les dijo que siguieran delinquiendo por otras zonas sino que les dijo que no delincan más y que cuando se quieran someter se les posibilita la entrega», expresó Arango.
Excontratista también niega delitos
A su tiempo, la defensa de Mariano Humberto Zea, también negó que existiera concierto para delinquir pues argumentó que él solo estaba cumpliendo un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía para un programa de seguridad y convivencia en Medellín.
La abogada indicó que era parte del trabajo del procesado ir a las comunas y hablar no solo con los civiles sino también con los actores armados, y que a estos lugares periféricos de la ciudad no puede entrar la Policía sino solo instituciones como la Defensoría o personas como Mariano Zea, exmiembro del Eln.
Mariano Zea fue detenido en 1995 por el delito de rebelión y secuestro. Cumplió una condena en prisión y salió en el 2005. No hizo parte de ningún proceso de desmovilización.
De acuerdo con la defensa, Zea salió de prisión completamente resocializado y con deseo de rehacer su vida, por lo que empezó a ‘»tocar puertas» y así empezó a trabajar con fundaciones y organizaciones sociales con un fuerte énfasis en la prevención del reclutamiento de niños.
Por otro lado, la actual abogada de Zea se vinculó a su defensa luego de que el pasado miércoles los anteriores dos abogados, Juan Alejandro Gaviria y Diego Gaviria, renunciaran tras manifestar públicamente que podrían incurrir en conflicto de intereses; esto porque una de las cosas que la Fiscalía investiga es la presunta entrega de beneficios jurídicos para el sometimiento de bandas criminales y los abogados habrían participado en la elaboración de una especie de acuerdo para pacificar la ciudad.
De referencia: El Tiempo.
