La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió este jueves el ingreso al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará si es destituida, en un nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro.
Katherine Haringhton llegó sorpresivamente a la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin poder tomar posesión de su cargo como vicefiscal.
«Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de ingresar al MP», aseguró Ortega, quien enfrenta un proceso judicial que podría llevar a su remoción en los próximos días y quien no reconoce el nombramiento de Haringhton.
El TSJ, acusado de servir al gobierno, es blanco este jueves de una nueva protesta en la ola de manifestaciones que realizan desde hace tres meses los opositores -con saldo de 91 muertos- para exigir la salida de Maduro, en medio de la devastadora crisis económica.
Pero las fuerzas de seguridad los contenían en el este de Caracas con bombas lacrimógenas, que lanzaron incluso dentro de un concurrido centro comercial. Muchas personas, entre ellas niños y ancianos, resultaron afectadas con los gases y algunas se desmayaron, constató un periodista de la AFP.
La fiscal, al igual que la oposición, acusa a la policía y a los militares de una «desbordada represión» contra los manifestantes, en cumplimiento de órdenes del gobierno de Maduro, rechazado según la encuestadora Datanálisis por ocho de cada diez venezolanos.
«Hoy tiene más sentido tomar las calles después del asalto paramilitar que hicieron al Congreso», dijo el alcalde opositor David Smolansky.
La víspera, seguidores del gobierno hirieron a siete diputados, tres de los cuales quedaron sangrando por la cabeza, al irrumpir violentamente en la sede del Parlamento de mayoría opositora, que permaneció bajo asedio de oficialistas durante nueve horas.
La incursión violenta, que Maduro condenó aunque sin admitir que hayan sido seguidores suyos, fue condenada por varios países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
– «No es un Estado forajido» –
Haringhton fue juramentada hace dos días por el TSJ, poco antes de una audiencia que realizó la corte para decidir, en los próximos tres días, si enjuicia a Ortega por supuestas «faltas graves», acusada por el oficialismo de mentir en señalamientos contra los magistrados.
«Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la fiscal general para actuar en pro del país (…). Yo tengo una misión, he sido juramentada para cumplirla», aseveró la vicefiscal, quien dijo estar segura de que Ortega «va a pensar un poco mejor en calma».
Tras años de línea oficialista, Ortega se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias del Maduro y del TSJ, y el martes se negó a comparecer en la audiencia al señalar que no convalidaría un «circo» cuyo resultado está ya «cantado».
La fiscal desconoce el nombramiento de Haringhton al destacar que los magistrados fueron elegidos ilegalmente y que la designación del vicefiscal es sólo potestad del Parlamento, al igual que su remoción.
Pero el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016, por lo que se da por descontada su pronta destitución por parte de los magistrados.
«Me parece muy bien que no la hayan dejado entrar (a la vicefiscal) porque es una usurpación. Todo poder que no controla, el gobierno trata de neutralizarlo sin importar que viole la Constitución», dijo el diputado y exjefe parlamentario Henry Ramos Allup.
Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos que la acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
«Me comprometo a hacer cumplir las leyes. Éste no es un estado forajido», manifestó la vicefiscal.
Agentes del servicio de inteligencia y de la Guardia Nacional se apostaron en cercanías de la Fiscalía, tras lo que Ortega dijo responsabilizarlos «de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios» de la institución.
En plena tensión, Maduro sigue adelante con una Asamblea Nacional Constituyente que será elegida el 30 de julio, dos semanas antes de lo cual la oposición realizará un plebiscito simbólico para demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de venezolanos.
Cortesía:AFP
