Cerrar la televisión Al Yazira, reducir los lazos diplomáticos con Irán y finiquitar cualquier relación con los Hermanos Musulmanes. Son algunas de las 13 demandas que figuran en el listado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto han hecho llegar a Qatar como exigencias para poner fin al bloqueo que vive el emirato desde hace tres semanas.
El envío se produce días después de que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson instara a los cuatro países a detallar sus demandas para activar una mediación que, liderada hasta ahora por Kuwait, no ha logrado avances. Tillerson subrayó entonces que las peticiones debían ser «razonables y realizables» en unas declaraciones que contrastan con el entusiasta apoyo público que ha ofrecido el presidente estadounidense Donald Trump a las monarquías que firman el aislamiento de Qatar.
El fundido a negro del gigante de Al Yazira – una constelación de canales informativos, deportivos y regionales como su filial en los Balcanes – es la medida más destacada del listado de reclamaciones redactado por los vecinos del golfo Pérsico, que conceden diez días para cumplir con las demandas. Su cobertura de las revueltas árabes consolidó su poder catódico y desató la cólera de las monarquías aledañas. La televisión, fundada por el emir qatarí en 1996, se halla en el ojo del huracán. El pliego exige también que se deje de financiar a medios satélite como Arabi21 o Middle East Eye.
El listado de reclamaciones, al que ha tenido acceso Associated Press, incluye, además, la ruptura de cualquier comunicación y apoyo a los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista catalogado de «terrorista» en Riad, Abu Dabi o El Cairo desde el golpe de Estado en Egipto en julio de 2013 pero que opera con total normalidad en Europa y Estados Unidos. Los cuatro países firmantes piden que Doha entregue a todos los ciudadanos sobre los que pesan órdenes de búsqueda y captura por presunto terrorismo en sus tribunales.
El documento exhorta a la corte qatarí a rebajar sus lazos con Irán, con el que comparte importantes intereses gasísticos, y clausurar la base militar turca que se ubica en su territorio. En concreto, le solicita el cierre de su representación diplomática en Irán, la expulsión de cualquier miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y mantener solo aquellas relaciones comerciales que respeten las sanciones impuestas por Estados Unidos. «Toda cooperación militar y de inteligencia debe cesar», apunta el documento.
«Alinearse políticamente, económicamente y todo lo demás con el Consejo de Cooperación del Golfo», reza uno de los ruegos en plena contienda en Yemen, escenario de la guerra que Riad y Teherán libran por la hegemonía regional. Funcionarios de los cuatro países han recalcado que también se le obliga a poner fin a cualquier tipo de contacto y relación con el autodenominado Estado Islámico, Al Qaeda y la milicia chií libanesa de Hizbulá. Doha ha negado sistemáticamente estas acusaciones de colaboración.
Otro de los puntos se centra en la acogida de opositores saudíes y emiratíes a los que el emir qatarí Tamim bin Hamad al Zani ha proporcionado nacionalidad y libertad de movimiento. El cuarteto, que acusa a Doha de inmiscuirse en sus asuntos internos, le urge a «no nacionalizar a los ciudadanos de los cuatro países y expulsar a quienes aún se encuentren en su territorio» así como a «proporcionar información detallada de las figuras de la oposición a las que Qatar ha financiado, aparentemente de Arabia Saudí y otras naciones».
Los cuatro países que han desatado la crisis diplomática más grave de los 36 años de historia del Consejo de Cooperación del Golfo piden, además, una compensación económica «por las políticas» de Qatar cuyo importe no ha trascendido. El texto advierte de que, si en el plazo de diez días no se ejecutan estas condiciones, el listado carecerá de valor.
En declaraciones públicas previas, altos funcionarios saudíes y emiratíes han desconfiado en el cumplimiento qatarí por lo que han insistido en la necesidad de contar con un mecanismo de vigilancia que recaería en países occidentales y que estaría encargado de verificar el grado de avance del acuerdo. A su juicio, el organismo tendría que confirmar los progresos una vez al mes durante el primer año; trimestralmente durante el segundo año y anualmente a lo largo de la década siguiente.
Qatar no ha reaccionado aún a las exigencias pero a lo largo de esta semana su ministro de Asuntos Exteriores Mohamed bin Abdelrahman al Zani, que ha visitado desde principios de este mes Bruselas, Berlín o Moscú, aclaró que su país no negociaría hasta que se levantaran las medidas de castigo adoptadas. El jefe de la diplomacia qatarí ya avanzó que «no aceptarían los dictados extranjeros» y rechazó «discutir cualquier asunto relacionado con Al Yazira» al calificarlo de «tema interno».
El pliego confirma la escalada del litigio. El cierre total del espacio aéreo, marítimo y terrestre no ha sido la única consecuencia de esta disputa. Abu Dabi ha amenazado con castigar a entre tres y quince años de prisión y multas de 500.000 dirham (unos 121.000 euros) a quienes muestren públicamente «simpatías» hacia el país vecino. En el caso de Bahréin, el ministerio del Interior ha establecido penas de un lustro entre rejas y multa económica para quienes se muestren favorables al emirato o censuren las medidas tomadas por el monarca. Hace dos semanas, en otra acción coordinada, los firmantes del bloqueo divulgaron una lista de 59 personas residentes el emirato y una docena de organizaciones acusadas de terrorismo.
De referencia: El Mundo.
