Colombia despertó este jueves contando muertos y destrozos luego de una violenta noche de protestas por causa de la muerte de un hombre de 45 años a manos de la policía de Bogotá.
Según un primer reporte de la policía colombiana, al menos cinco personas fallecieron de forma violenta en la capital colombiana y la vecina localidad de Soacha, pero reportes de medios locales ya elevan la cifra de víctima fatales a ocho.
La violenta jornada también dejó, según el primer balance policial, más de 140 heridos así como 17 comando policiales incendiados y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público.
La alcaldía Bogotá, sin embargo, reportó siete muertes,379 ciudadanos heridos, incluyendo a 66 por arma de fuego, así como 114 policías lesionados y un total de seis muertos.
Y la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, denunció el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía.
«Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió», dijo a través de su cuenta de Twitter López, quien pidió una reforma «urgente» de la policía.
Sin embargo, a través de su ministro de Defensa, el gobierno colombiano reaccionó a lo sucedido anunciando el despliegue de mas efectivos policiales así como la militarización de la capital.
«Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia», informó el ministro, Carlos Holmes Trujillo.
«Disparaban como locos»
El ministro también ofreció una recompensa «de hasta COP 50 millones (más de US$13.000) por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá y el municipio de Soacha, así como de los responsables de hechos de vandalismo».
Pero en una muestra de lo tensas que están las relaciones entre parte de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del país, numerosos usuarios de Twitter respondieron a la oferta del ministro publicando fotografías en los que parece verse a policías disparando contra los manifestantes.
«Los policías estaban disparando como locos (…) Todo el mundo estaba disparando. Preciso a él le cayó un disparo», le dijo al diario colombiano El Tiempo un testigo de la muerte de Germán Smith Puente, de 25 años.
«(Fue) Una bala perdida. No sé si es de la policía o de los malandros. Me mataron a mi hija», lamentó Harold Ramírez, el padre de otra de las víctimas, Julieth, una estudiante de 18 años.
Y también eran jóvenes los otros cuatro muertos identificados por la alcaldía de Bogotá -Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca, Fredy Macheca y Julián González-, todos víctimas de disparos por arma de fuego.
Abuso de fuerza
Para muchos, la situación no ha hecho sino poner todavía más de manifiesto un arraigado problema de abusos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas.
La violencia se dio en medio de protestas por la muerte de Javier Ordoñez, quien falleció luego de ser electrocutado con un taser en numerosas ocasiones por los agentes de policía que lo arrestaron por violar las restricciones de la cuarentena impuesta para tratar de contener la pandemia de coronavirus.
Y según la alcaldesa López, el de Ordoñez está lejos de ser un caso aislado, pues solo en lo que va del año su oficina ya ha recibido 137 denuncias de abuso policial, aunque la policía «reportó sólo haber avocado conocimiento de 38».
«Si ni siquiera inician investigación, ¿cómo se va a prevenir y sancionar?», preguntó.
En su intervención, sin embargo, Holmes Trujillo insistió en que el caso de Ordoñez estaba siendo investigado, aunque también recalcó que el objetivo de esa investigación debía ser la «individualización» de las responsabilidades.
«Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos», pidió el ministro, quien también informó de que «por instrucción del señor presidente de la República, los patrulleros de la policía que aparecen comprometidos en los hechos serán suspendidos en las próximas horas», declaró.
«Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad», pidió por su parte la alcaldesa López.
Qué hay detrás de las protestas
Por Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
En la noche del miércoles terminó de quedar claro lo que el martes empezaba a exponerse: algo muy profundo está fallando en los mecanismos de control de la policía bogotana.
Las protestas, que además de en Bogotá ocurrieron en otras ciudades, tuvieron un evidente carácter violento: los manifestantes quemaron estaciones, buses y motocicletas y desde un principio mostraron su intención de enfrentar a la policía.
A eso, sin embargo, los cuerpos encargados de mitigar la violencia respondieron con más violencia: en los videos se ven aparentes disparos de armas de fuego y los perfiles de los muertos, según informes de medios locales, son de estudiantes y trabajadores informales jóvenes.
Detrás de los enfrentamientos está el gran descontento que existe con la policía, que reprimió el estallido social del 2019 con mano dura y que no cuenta con entes eficientes para prevenir y, más importante, sancionar, los casos de abuso de la autoridad.
Siempre que ocurre un caso de abuso policial, que como en el resto de América Latina son frecuentes en Colombia, la sensación en la población es que el hecho queda en la impunidad.
La policía en Colombia no es un ente civil, sino que opera bajo lógicas militares y está adscrita al Ministerio de Defensa, no del Interior. Es una herencia de la guerra entre el Estado y las guerrillas y paramilitares.
Pero encima del descontento coyuntural con la policía hay una indignación mucho más grande: la provocada por el recrudecimiento de la violencia en sectores afectados por el conflicto armado, las masacres contra la población civil, la precaria implementación del proceso de paz con la guerrilla e incluso la falta de reformas en un sistema de educación excluyente y desigual.
La pandemia puso un paréntesis al inédito estallido de noviembre, que dio con una mesa de conversación entre el gobierno y organizaciones que no arrojó resultados concretos. Ese paréntesis parece haberse cerrado.
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con referencia BBC