El día lunes la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos, estuvo paralizada por un paro organizado por gremios de taxistas para exigir al Ministerio de Transporte la prohibición de Uber y Cabify, a quienes consideran competencia desleal.
Ya que ambas plataformas permiten al conductor transportar pasajeros en su automóvil —propio, prestado o alquilado— a pasajeros que lo contratan desde sus celulares y como tal evitan los costos que conlleva las acreditaciones impuestas sobre los taxistas.
“¡Fuera Uber!”, gritaron los taxistas durante su marcha hasta reunirse con autoridades del Ministerio de Transporte frente a quienes presentaron sus demandas.
Respaldo estatal y municipal
“Las autoridades fueron enfáticas en señalar que tanto Uber como Cabify no cuentan con permisos habilitantes y que, por lo tanto, “operan de forma ilegal”, dijo al salir de la reunión Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha, provincia donde está ubicada la capital ecuatoriana.
“Desde octubre del 2017 hasta el 23 de marzo de este año se detuvo a 301 vehículos que operaban con el servicio de Cabify y Uber”, dijo Fausto Miranda, secretario de Movilidad.
Entre las medidas que ofrecieron tomar está el comunicarse con los operadores de hoteles para limitar el uso de transportes no autorizados.
Y el titular de Transporte de Guayquil impone una multa de USD $750 a los conductores de Uber y Cabify.
Experiencia del usuario
A través de redes sociales, es posible leer en el Tweet del Ministerio de Transporte y Obras Públicas los comentarios de los usuarios de los servicios quienes exigen al responsable de transporte que su opinión también valga.
Asimismo, reprochan que los burócratas tienen vehículos propios designados por los ministerios y por tanto —al no ser usuarios— no dominan el campo.
Tanto así que en una encuesta realizada por el periódico local El Comercio, el 66 % de los encuestados dijo preferir a Uber como medio de transporte particular, 26 % a Cabify y 3,5 % a los taxis formales.
Inseguridad
También reclaman que algunos taxistas alteran el taxímetro, que determina cuánto cuesta un viaje. Así como es quién determina la ruta del viaje.
Mientras que en aplicaciones como Uber y Cabify el usuario sabe de antemano cuánto va a costar el viaje y elige si tomarlo o no con anterioridad y la ruta aparece en pantalla para que el usuario esté al tanto. Incluso, por seguridad, puede enviar la ruta en tiempo real a otra persona para constatar el bienestar del pasajero.
Sin embargo, Uber y Cabify —que comenzaron a operar en Quito y Guayaquil en 2017— no cumplen con los requisitos que establece la Ley de Tránsito; ya que los vehículos de sus conductores son de uso particular y por tanto no cuentan con el permiso de operación para brindar el servicio de taxi.
“No tienen ninguna homologación de la agencia, hay una actividad ilegal que están haciendo”, dijo Juan Pazos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito sobre ambas compañías.
Agregó: “Nosotros en ningún momento hemos dado autorización para que ninguna plataforma que no cumpla la ley, como el caso de Uber y Cabify, tenga permiso para ser utilizada”.
Reclamo de taxistas
“Ellos cobran las tarifas que les da la gana, nadie les controla. La ley es para todos y la ley dice que debe ser un carro amarillo, con permiso de operación para prestar el servicio de taxi”, dijo ante la agencia de noticias AFP Jorge Tupuna, el gerente de una cooperativa de taxis de Quito, en vista que tanto Uber como Cabify usan “carros particulares” para transportar pasajeros.
Pero la molestia de los transportistas no se limitó hacia los conductores de medios alternativos, sino también a sus compañeros que no se sumaron al paro. Arrojaron huevos y botellas a los taxis que optaron por seguir trabajando pese a la convocatoria de los dirigentes.
Ludismo
La reacción que ha generado Uber no es exclusiva del Ecuador, tampoco de América Latina, en el mundo entero ha generado controversia e indignación entre los gremios taxistas que conservan el monopolio del transporte particular, pero sobre todo el aval estatal.
Desde la Revolución Industrial, los sindicatos de trabajadores han vandalizado y protestado contra la maquinaria que ha comprometido su trabajo manual. Tanto es así que hasta ahora se conocen como “luditas” quienes se oponen a procesos de modernización, en honor a los costureros que a principios del siglo XIX destruyeron telares y prendieron fuego a fábricas de máquinas de coser que iban a comprometer su trabajo.
Sin embargo, cuando surgió Cabify, Uber no exigió que lo prohíban sino que se adaptó al cambio. No exigió que se prohíba.
No implantó un monopolio, abrió la cancha para distintas plataformas.
Lo mismo podrían hacer los taxis, en lugar de pretender que lo otro se prohíba, porque es más económico, podrían exigirle al Estado que flexibilice los impuestos que motivan sus precios más elevados y poco competitivos frente al servicio de persona a persona.
Lo mismo frente a la cuota sindical; que a su vez lleva a los choferes a incurrir en alteraciones de los taxímetros para subir los precios y rutas más prolongadas para mayor recaudación, que son los dos motivos que que más molestias generan entre los usuarios, según manifiestan las encuestas de medios impresos y redes sociales ya citados.
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Referencia Panam Post
