Un tribunal militar venezolano ha sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión al dirigente opositor Rubén González, secretario general del sindicato de la compañía estatal Ferrominera del Orinoco y conocido por su actitud disidente y crítica con Nicolás Maduro en los dominios laborales del sector público.
González, uno de los sindicalistas más conocidos del país sudamericano, está en la cárcel desde el 30 de noviembre de 2018. En los últimos tiempos se había convertido en un activista que se había convertido en una piedra en el zapato para la burocracia chavista controlada por Maduro en la Corporación Venezolana de Guayana, el consorcio de empresas estatales dedicadas a la producción de acero, hierro y aluminio que ha conocido la ruina durante el chavismo.
El dirigente fue encarcelado en la madrugada de aquel último día de noviembre del año pasado, cuando regresaba camino a su ciudad natal, Puerto Ordaz, tras organizar una serie de protestas en Caracas para pedir al Ejecutivo de Maduro que respetase las tablas salariales y los contratos colectivos pactados en Ferrominera del Orinoco. Junto a él fueron llevados a prisión otros 14 dirigentes sindicales que le acompañaban, a los cuales se les fue modificando progresivamente la pena de cárcel por medidas judiciales alternativas.
Rubén González ya había tenido fuertes altercados con las autoridades chavistas en el pasado por su actitud insubordinada. Fue sentenciado a dos años de prisión en 2009, luego de encabezar protestas sindicales en la zona industrial de Guayana, y su causa fue sobreseída tras una medida del Tribunal Supremo.
En esta ocasión, González ha sido acusado de los cargos de «ultraje al centinela y a la Fuerza Armada» y se ha dictaminado que su lugar de reclusión será la cárcel de La Pica, un recinto para presos comunes en Maturín, a seis horas de Caracas, y a dos de su ciudad, Puerto Ordaz. Los abogados defensores de González, que se quejaron por que su defendido no fuera juzgado en una instancia civil, prometieron apelar la sentencia.
Aumenta el temor a la represión
La sentencia judicial en contra de González se ha producido casi al mismo tiempo que una comisión del Gobierno de Noruega llegaba a Caracas para intentar convencer a Maduro de que envíe de vuelta a sus representantes en la mesa de diálogo con la oposición venezolana en Barbados, con el objeto de encontrar un camino de coincidencias que le permita al país salir del marasmo institucional, económico, político y social que afecta a Venezuela desde hace años. El país escandinavo es el principal impulsor de las conversaciones.
La delegación de Maduro se levantó de la mesa de negociadora en Barbados después de que la Administración Trump anunciara la puesta en vigor de nuevas sanciones económicas sobre Maduro y su entorno. El desarrollo de las conversaciones ha encontrado a una delegación chavista evasiva, especulativa y renuente a pactar un acuerdo electoral creíble con la oposición.
Las medidas anunciadas por el Gobierno de Trump han enfurecido a los dirigentes chavistas, quienes, tras levantarse de la mesa de diálogo, en días pasados han emitido declaraciones airadas cuestionando a los EE UU, amenazando con judicializar a quienes respalden las sanciones estadounidenses dentro del país, y arremetiendo legalmente contra otros cuatro diputados opositores.
Hasta el pasado día lunes fueron insistentes los rumores en torno a la eventual disolución de la Asamblea Nacional, dominada por los críticos al chavismo, e incluso la detención del presidente interino y líder opositor, Juan Guaidó, por parte de la policía política. Ninguno de los dos eventos se ha producido hasta ahora, pero muchos observadores temen que, con las aguas del mundo militar en calma, al menos de momento, y la comunidad internacional renuente a intervenir en Venezuela, Maduro pueda encontrar una zanja con el espacio que necesita para el contraataque.
