Virgilio Barco (1986) fue el presidente del posacuerdo con las Farc, hecho por Belisario Betancur. Iván Duque (2018) es el del posacuerdo de Juan Manuel Santos, también con las Farc. Barco preparó la transición de los gobiernos de responsabilidad compartida a los gobiernos de coalición, que caracterizan nuestra vida política a partir de la Constitución de 1991. Inicialmente, con el esquema gobierno-partidos de oposición, y el exitoso Acuerdo de Paz con el M-19 y otros grupos insurgentes, todo lo cual consolidó el expresidente César Gaviria.
Barco y Duque heredaron también una crisis en la justicia. El holocausto del Palacio de Justicia (1985), que costó la vida a cientos de personas pero, notoriamente, a los magistrados que no se inclinaron ante el crimen organizado. Ahora, esta crisis es resultado de algo que muchos consideramos peor: el cartel de la toga, que es lo contrario: la complicidad de magistrados con el crimen organizado. Finalmente, Barco enfrentó la brutal amenaza de los carteles de la droga que declararon una guerra al Estado. Ahora es el descomunal crecimiento de los cultivos de coca, que realmente constituyen una formidable amenaza a la seguridad, pues como bien lo sintetizó el presidente Duque: “A más coca menos paz”.
Son dos transiciones. La de ahora hacia una democracia sin violencia como herramienta política. Pero están proliferando los grupos organizados violentos. La de Barco y Gaviria llevó a la reformulación del régimen político, vía un nuevo consenso político que se plasmó en la Constitución de 1991.
El balance político del primer año del presidente Duque no se puede hacer contabilizando leyes, discursos o controversias. Recibió un sistema político en situación muy precaria, que describí en un memorándum que Pedro Medellín me solicitó en nombre de la ESAP, para entregar al mandatario que fuera elegido. El escrito recoge los que consideré los temas principales que afectaban la buena salud del sistema político, alrededor de veinte: legitimidad, representatividad, ruptura del consenso político fundamental, debilidad de los partidos políticos, desconfianza en las instituciones, megacorrupción, etc.
Haberle puesto punto final al intercambio de votos en el Congreso por agencias del Estado, burocracia y contratos es un paso estratégico que tiene que ver con varios de los aspectos que han debilitado gravemente el sistema. Es deplorable que así no se diga, que así no se evalúe, que no reciba el pleno respaldo de la ciudadanía. Por supuesto, es una decisión que ha afectado sensiblemente las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si se mantiene y se hace lo propio en concejos y asambleas, habremos dado un salto significativo en la tarea de devolverle credibilidad y eficacia a nuestras instituciones políticas. Y un durísimo golpe a la megacorrupción que nos ha hecho un daño impensable.
El tema de la representación política de los partidos en el gabinete es controvertible. Apenas lógico (en contra de lo que dicen algunos) que el presidente nombre ministros de su partido o de la coalición que lo apoya. Y deseable que busque construir una mayoría en el Congreso (sin pretensiones de unanimidad en todos los temas), por la vía de ampliar la representatividad en el gabinete y, quizás, en otros órganos del Ejecutivo. Es lo normal. Y se puede hacer sin que ello implique volver a caer en el intercambio de favores.
Así las cosas, es casi milagroso que el Gobierno hubiera logrado la aprobación del Plan de Desarrollo, la Ley de Financiamiento, el Presupuesto Nacional y otras iniciativas; una muy significativa, como la de la modernización del sector de las comunicaciones. ¿Y la relación con el poder Judicial? El presidente Duque ha sido deferente con las cortes, antes de posesionarse y después. Lo propio con los órganos de control, como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría.
Los suyos han sido desacuerdos respetuosos, así hayan sido muy controvertidos, como las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y, a la hora de la verdad, en concordancia con la mejor tradición jurídica colombiana, ha acatado inmediatamente las decisiones judiciales. Está pendiente la terna para la elección de fiscal general; un tema delicado. Pero, quizá, no ha querido colocar a la Corte Suprema en una situación que la ponga en tela de juicio al no haber culminado la elección de varios de sus magistrados.
Semejante cuadro obliga a una reflexión mucho más profunda sobre el sistema político y la urgencia de sanearlo para que sea herramienta eficaz de gobernabilidad democrática. Tanto por hacer. Tanto por deshacer. Más de sesenta pérdidas de investidura (muerte política), más de 240 sanciones penales a aforados, o sea, a quienes han recibido los más altos honores: es una verdadera catástrofe política.
El artículo 113 de la Constitución ordena a los diferentes órganos del Estado que tienen funciones separadas que colaboren “armónicamente para la realización de sus fines”. La realidad política es más fuerte que los mandatos constitucionales. Pero ahí está la brújula.
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Referencia: .El espectador
