El economista Francisco Rodríguez asegura que Washington tendría que reconocer otro Gobierno que “tendría capacidad legal para representar a Venezuela”.
En medio del debate que desde ya está abierto sobre el reconocimiento o no al Gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero, los mercados y tenedores de deuda venezolana en default tiene una carta que jugar. Si Washington desconoce a la administración Maduro, las causas que contra Venezuela hay en tribunales de EE UU, por ejemplo, quedarían en el limbo.
Alrededor de 60 países han rechazado o han dicho abiertamente que no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelecto para un segundo periodo presidencial.
Estadiscusión se hace particularmente relevante en la medida en que se acerca el 10 de enero, fecha en la que Maduro debe tomar posesión para un cuestionado mandato.
El debate sobre la legitimidad del presidente es recogido por Torino Economics en su informe semanal. La firma busca analizar las implicaciones legales del no reconocimiento internacional de Maduro, si este llega a sobrepasar la barrera diplomática. De acuerdo con el texto, la jurisprudencia estadounidense y británica establece que solo los gobiernos reconocidos pueden demandar en sus tribunales, aunque existan algunas excepciones. En otras palabras, las cortes norteamericanas, en lugar de hacer su propia evaluación de la legitimidad de un gobierno, siguen la determinación que toma el Poder Ejecutivo de esa nación.
“Sobre la base de esta jurisprudencia, parece claro que en caso de que Estados Unidos reconociera a una administración distinta de Nicolás Maduro como el gobierno de Venezuela, sería ese gobierno reconocido como legítimo por Estados Unidos el que tendría capacidad legal para representar a Venezuela. De forma similar, cuando las cortes decidan quién es el representante de Pdvsa o Citgo para efectos de acciones legales en Estados Unidos, serían aquellos designados por el gobierno que sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”, señaló Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma.
Sin embargo, el economista acota que “para que estas consecuencias se den, Estados Unidos tendría que reconocer a un gobierno distinto del que tiene el poder efectivo en el territorio nacional, una medida que, si bien tiene precedentes, es bastante inusual”.
Un reconocimiento a cualquier otro poder venezolano no tendría ningún acceso a la hacienda pública nacional, lo cual deja en el margen de lo meramente político la decisión.
Tenedores de bonos venezolanos organizados en el llamado “Comité de Acreedores de Venezuela” anunciaron la semana pasada que evalúan las opciones para asegurarse de que los bienes de la República, Petróleos de Venezuela y Elecar en el exterior sirvan para cobrar sus deudas.
Venezuela ha dejado de pagar sus bonos (excepto el Pdvsa 2020 cuya garantía es la mitad de las acciones de Citgo) en 2017, luego de que Miraflores anunciara una reestructuración de la deuda que hasta ahora no ha rendido ningún fruto.
El grupo, creado en abril pasado, contrató a la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP para evaluar sus estrategias y exigir sus pagos que suman más de $9.000 millones, entre capital e intereses.
«Los esfuerzos de los acreedores individuales de Venezuela y Pdvsa para satisfacer sus reclamaciones han sesgado las recuperaciones a su favor en detrimento de los tenedores de bonos”, indicaron, en clara alusión a los pactos que ha sellado Venezuela con empresas como Conoco, Crystallex y Rusoro para evitar el embargo de sus propiedades en el extranjero, en especial de la más preciada: Citgo, la subsidiaria de la petrolera estatal en Estados Unidos.
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referencia: panorama
