Cinco años pasaron desde que Nicolás Maduro fue oficialmente elegido presidente de Venezuela, y la vista en retrospectiva de la nación con mayores riquezas naturales del mundo es la mirada a una casa que gotea por el techo y arde en llamas al mismo tiempo.
La inflación, sin que se conozcan datos oficiales desde hace dos años, corre libre sobre los cuatro dígitos, las muertes por homicidio superan cada año sus récord históricos, las fronteras están parcialmente cerradas desde hace dos años y las listas de espera aumentan a meses para tratamientos médicos de enfermedades graves, crónicas o degenerativas.
En Venezuela se estima que escasean ocho de cada diez alimentos de la cesta básica, y más o menos la misma cantidad de medicamentos, algunos de ellos simplemente ya no existen, y se necesitan más de 100 salarios mínimos para cubrir los gastos de una familia promedio.
El cohete que disparó el índice de precios generó también la escasez de efectivo. Los cajeros automáticos vacíos, las taquillas de los bancos llenas de clientes que retiran del máximo diario permitido, que alcanza solo para pagar el boleto en transporte público, y un mercado negro al que los venezolanos acuden a comprar dinero.
Apenas hace unas semanas se anunció la implantación de un nuevo sistema monetario para mitigar el daño de la moneda actual que colapsó a menos del 1% de su valor oficial.
Aún sin registros oficiales, el de los tres últimos años es el mayor éxodo de la historia del país, estimado entre cuatro y cinco millones de personas, lo que sería casi el 15% de la población, la mayoría de ellos jóvenes profesionales y estudiantes universitarios.
Algunas instituciones, principalmente privadas, comenzaron a cerrar cursos y especialidades por falta de alumnos o maestros que han abandonado los centros educativos para emigrar.
El complejo escenario venezolano ha sido interpretado por el gobierno como el resultado del acorralamiento de las potencias extranjeras que, aliadas con la oposición interna, atacan el modelo socialista en un enfrentamiento sin tregua.
El gobierno aumentó sus políticas para mitigar los daños con programas sociales que incluyen la entrega de cajas con algunos alimentos subsidiados directo a las familias, ha aumentado significativamente los bonos y pensiones, y aun así esto es insuficiente para cubrir las necesidades más básicas.
Los ingresos se vinieron abajo un 60% con la caída de los precios del petróleo pese a que durante los dos últimos años Maduro presionó por su recuperación y de acuerdo con datos de la OPEP, de la que Venezuela es miembro fundador, su producción se redujo alrededor del 12% en 2017.
Aún con las mayores reservas de petróleo del mundo, el pasado noviembre S&P Global Ratings declaró a Venezuela en default por el no pago de una deuda de 200 millones de dólares en intereses a sus tenedores de bonos.
La refinanciación de la deuda quedó bloqueada con la prohibición de Estados Unidos de adquirir nueva deuda venezolana para evitar dar alivio financiero al gobierno, señalado de dictatorial.
Varios altos cargos del gobierno recibieron sanciones de congelación de activos y prohibiciones de ingreso a Panamá, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea por acusaciones de violación a los derechos humanos, blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, entre otros.
La violencia por protestas callejeras también ha superado los históricos en dos décadas con casi 200 muertes en enfrentamientos entre manifestantes y autoridades, las más importantes ocurridas en 2014, por seis meses, y en 2017, durante otros cuatro.
El mandatario ha visto amenazada su estabilidad incluso desde dentro, con varios supuestos intentos de golpe denunciados por él mismo y que involucran a rangos medios y altos de la Fuerza Armada.
A la complejidad de estos años se suman los procedimientos judiciales contra sus antiguos ministros de Petróleo, de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y varios gerentes, acusados de delitos de corrupción, y las acusaciones en todas las direcciones de funcionarios que se han ido distanciado de su gobierno.
Maduro llegó a la presidencia en 2013 gracias al fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013) -el presidente más votado de Venezuela-, que al despedirse del país para tratar el cáncer que poco después causó su muerte, pidió a sus partidarios que eligieran al entonces vicepresidente como su sucesor.
Y aunque el escenario electoral de las presidenciales del 20 de mayo le sonríe gracias a la decisión de la mayor coalición opositora de no participar en las elecciones por considerarlas fraudulentas, Maduro vuelve a las urnas para reelegirse con un legado que se le ha escurrido entre los dedos, y las cifras de la llamada «revolución bolivariana» literalmente rojas.
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Referencia El Nacional
