Todo alrededor del secuestro de tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio permanece difuso. Si bien la noche del miércoles el diario colombiano El Tiempo anunció que los periodistas fueron liberados, 12 horas después publicó una nota en la que se señalaba que “aún no hay certezas de su paradero”.
La mañana de ayer, el ministro del Interior, César Navas, al llegar a una reunión con las familias de los secuestrados en el 911, manifestó que los equipos especializados de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional continúan trabajando para la liberación.
Navas señaló que la prioridad del Gobierno es que regresen los tres. “Estamos en proceso propio de negociación”, dijo, y agregó que ese proceso se da con la ayuda de países amigos.
Por motivos de seguridad, los nombres de los familiares de los secuestrados se mantienen protegidos. Una de ellas, al salir del 911, habló con la prensa para “agradecer las muestras de apoyo y solidaridad”, y anunciar: “Hemos recibido noticias que nos tranquilizan, hemos vivido momentos de dolor en las últimas horas, estamos fuertes las tres familias, estamos unidas”. También aseguró que los periodistas regresarán pronto a sus casas sanos y salvos.
Minutos después, la Asamblea respaldó las acciones que las Fuerzas Armadas están desarrollando en Esmeraldas. Su presidenta, Elizabeth Cabezas, junto a un grupo de asambleístas de distintas bancadas, recibió de forma reservada a los ministros del Interior, César Navas; de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa; de Defensa, Patricio Zambrano; al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde; y al comandante de la Policía, Ramiro Mantilla.
Tras la reunión, se ofreció una rueda de prensa a la que comparecieron solo los asambleístas. Cabezas apeló a la unidad nacional y aseguró que hay un compromiso para no politizar el tema.
Agregó que, como institución, ejercerán las acciones que sean necesarias ante el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de las reuniones bilaterales. “Este no es un conflicto unilateral de Ecuador”, dijo Cabezas.
Pero fueron los asambleístas Fabricio Villamar (CREO) y Lenin Plaza (PAIS) los que ofrecieron pequeños detalles de lo hablado. Villamar aseguró les dijeron que existe una grabación en la cual se comprobaría que se encuentran en buen estado de salud, pero pidió manejar el tema con prudencia. Versión que fue corroborada por Plaza. “Continúan secuestrados desde la información que nosotros tenemos”, agregó Villamar.
Muestra de fuerza y solidaridad
Con esta situación en el frente, la carta redactada por periodistas superó ayer las 500 firmas, exigiendo la liberación de los colegas secuestrados e instando a continuar con los plantones todos los días, a las 19:00, en la Plaza de la Independencia, de la capital.
El Comercio publicó un editorial institucional, señalando que las muestras de solidaridad de todos los sectores “alientan esta tarea y compromiso de lucha por los valores de la libertad que las personas de nuestro equipo se esfuerzan en cumplir”.
Uno de sus editores, Dimitri Barreto, publicó una columna expresando que el equipo secuestrado llegó con sus credenciales y no en paracaídas, “atravesó la vía a la luz del día y fue autorizado por militares”, reafirmando que ellos fueron secuestrados mientras “hacían su trabajo”.
Incluso circularon videos y fotografías en las redes sociales con el mensaje ‘Nos faltan 3’, que se volvió una especie de carta de lucha para los periodistas del país. El abogado especialista en Derechos Humanos Juan Pablo Albán sostiene que “la estrategia más equivocada que se puede adoptar en un contexto de secuestro o desaparición, sea involuntaria o forzada”.
“Es necesario que la sociedad sepa el contexto particular donde se produce la desaparición, es importante que el Estado se haga cargo de su falta de previsión, cuidado y planificación frente a algo que para ellos no es una noticia nueva”, señala.
En su criterio, el silencio tiene efectos negativos en materia de Derechos Humanos, ya que hay un “interés del conjunto social de conocer qué es lo que está ocurriendo” y no informar pondría en riesgo la dimisión colectiva del derecho a la libertad de expresión de todos los ecuatorianos
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Referencia La Hora
