Muchos inmigrantes venezolanos cruzan el puente Simón Bolívar dejando atrás su país por algo que allí no encuentran: alimentos y atención médica. Venezuela está en el quinto año consecutivo de recesión y el Fondo Monetario Internacional prevé que este año la inflación alcance el 13.000%. Cúcuta es la frontera principal con Colombia, a donde entran más de 40.000 personas cada día. Una mujer ha llegado con apendicitis aguda, justo a tiempo. Pero muchas historias no tienen este mismo final. Al otro lado de la frontera, los maltrechos hospitales están al borde del colapso.
A mediados de 2017, la Cruz Roja, con la ayuda de los fondos europeos de la oficina de Ayuda Humanitaria, se estableció cerca del puente. Desde su llegada, el personal trabaja discretamente en una situación que nadie quiere ver. Francisco González es uno de los responsables y explica que la organización ha estado abriendo y cerrando el puesto todos los días «como una manera de levantar la mano, levantar la voz y decir, ‘aquí está pasando algo y hay que ponerle atención’, es una crisis invisible en los dos lados».
En el puesto de primeros auxilios siempre están de guardia tres enfermeras y un médico. La gente llega con enfermedades crónicas y necesita medicinas básicas y baratas que ya no están disponibles en Venezuela. Hay pacientes con cáncer desesperados por reanudar su tratamiento y personas afectadas por una mala alimentación. Juan Carlos González trabaja como coordinador del punto de emergencia de la Cruz Roja y se ha encontrado con personas que se desmayaban por un caso aparentemente de lipotimia que finalmente era un cuadro de malnutrición, una situación que se da unas «cinco o seis» veces al día.
El centro de la Cruz Roja está al lado de la oficina de inmigración, donde diariamente más de 3.000 ciudadanos hacen cola para que les sellen sus pasaportes. Un torero venezolano se queja de que le cobran diez euros, «cuando es gratuito» realmente. Está viajando con su mujer a Peru para conseguir algo de dinero y enviárselo a sus tres hijos y consigue hablar con ellos gracias a las instalaciones, donde puede recargar su móvil y conseguir una red wi-fi de internet.
Debido al flujo masivo de inmigrantes, Bogotá ha pedido ayuda internacional. El comisario europeo para la Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, ha visitado Cúcuta recientemente y ha anunciado una aportación de los fondos comunitarios de dos millones de euros para Venezuela y otros seis para Colombia. «Para las autoridades colombianas es un enorme reto ocuparse de esta situación sin precedentes porque también tienen retos en su país con los procesos de reconciliación y de paz. En Venezuela estamos haciendo muchos intentos para dispensar medicinas y buscar proyectos para paliar la malnutrición aguda». subraya.
Familias venezolanas recién llegadas se establecen constantemente en Cúcuta. En los asentamientos se acumulan inmigrantes en situación irregular. Son barrios asequibles pero vulnerables. Aquí el Consejo Noruego para Refugiados, también financiado con dinero de la Unión Europea, organiza actividades para quinientos niños fuera del sistema escolar. El objetivo es que vuelvan a las clases ya que, como indica Luz Yadira Galeano, responsable de la zona, «en este momento los niños venezolanos tienen cupo en los colegios, es decir pueden ingresar, pero el ingreso no asegura la permanencia de estos niños en la escuela porque muchos se encuentran en condición de irregularidad en el país, es decir sus papás no cuentan con algún tipo de documentación que suporte el acceso a derechos dentro de Colombia». Como consecuencia, los niños pueden no recibir certificaciones cuando terminan el año escolar.
Hay 4100 alumnos venezolanos registrados en colegios del departamento de Norte de Santander. Las hijas de Andreina están entre ellos. Su familia se asentó ilegalmente en Colombia hace tres años. En Venezuela trabajaba como enfermera y tenía una vida normal. Tanto sus hijas como su sobrino tuvieron que esperar una año hasta que fueron aceptados en un centro y han podido obtener las calificaciones pero «no es fácil por que si uno consigue para la comida, ¿cómo hace uno para comprarles los útiles escolares, los uniformes o los zapatos?»,
Se estima que 230.000 inmigrantes en situación irregular viven en Colombia. La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados está trabajando con el Gobierno para ayudar al registro de estas personas y a la mejora de sus condiciones de vida.
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Referencia Euronews
