Tras un largo e intenso debate, los supervisores del condado de Orange, todos ellos republicanos, votaron a favor de una resolución para no respetar la ley SB54 , más conocida como la ley Santuario de California que entró en vigor este año y que prohibe la colaboración de las policías locales con las autoridades federales de migración.
La medida aprobada ordena además al abogado del condado a tomar acción legal y unirse en la demanda federal contra la SB54 y otras leyes santuario de California.
En marzo, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California por tres leyes de migración que a su juicio obstruyen el cumplimiento de la leyes federales de migración.
Estas leyes hacen ilegal que los empleadores voluntariamente ayuden a los agentes federales a encontrar y detener trabajadores indocumentados, limitan la capacidad de contactar oficiales de migración cuando los detenidos de las cárceles locales, del condado o estatales son puestos en libertad y crean un programa de inspección estatal en los centros de detención federal.
La S14A es una resolución en el condado de Orange que condena la ley estatal porque dicen los supervisores, limita a los policías y pone en riesgo la seguridad pública.
“Es una medida simbólica. Y ojalá consigamos una orden de restricción para no cumplir con la ley Santuario”, subrayó Nelson.
Carlos Perea, líder del movimiento Resilience del condado de Orange entregó a la Junta de Supervisores alrededor de 300 peticiones en contra de la resolución. Le dijo en su cara al autor de la resolución S14A que es una acción condenable, ya que busca crear miedo y ansiedad, y hace de las comunidades inmigrantes chivos expiatorios para sus agendas políticas.
“Este condado está cambiando. Y la amenaza número uno, no son los inmigrantes sino los grupos de miedo como los blancos supremacistas”, señaló Perea al hacer uso del micrófono.
Una de las supervisoras Lisa Bartlett trató de incluir en la resolución, una provisión para que se revelara la identidad de los inmigrantes indocumentados que delinquen, y que a la vez reciben asistencia pública pero no logró por ahora, ya que necesitaban mayor información.
María Osorio quien dio testimonio contra la resolución dijo que ésta es contraproducente porque hará que los inmigrantes que son víctimas de crímenes horribles, no se atrevan a denunciar y a cooperar con las policías cuando son testigos de un crimen. “Ustedes tienen una visión distorsionada de lo que son los inmigrantes”, les dijo.
Muchos otros que hablaron en contra dijeron que la resolución es innecesaria y una pérdida de dólares para el condado. “Los inmigrantes son consumidores, emprendedores y un estudio de 2014 dice que cometen menos crímenes que los nacidos en Estados Unidos”, citó uno de los líderes que habló a favor.
Pero el supervisor Nelson intervino para corregir: “Que quede claro: la tasa de crimen es mucho más alta que la que se cita en ese estudio”.
“California tiene un déficit de 23 mil millones de dólares a causa principalmente a los inmigrantes indocumentados que reciben beneficios y asistencia social. Ese dinero podría usarse para ayudar los desamparados que son ciudadanos estadounidenses”, sentenció Gloria Mesones, quien habló a favor de la resolución aprobada.
Un hombre de lentes oscuros simpatizante de la resolución contra la ley Santuario, se identificó como hispano, judío, mexicano y nativo, dijo que a ellos nadie les lava el cerebro y son muy inteligentes. “Apoyamos esta resolución contra la Ley Santuario porque es acerca de la seguridad pública y cumplir con las leyes. ¡Los americanos somos primero”, gritó a toda pulmón mientras un numero grupo de simpatizantes de la medida que iban con cartelones a favor del presidente Trump, aplaudían estrepitosamente.
Protestan contra la resolución
Sergio Corona de la ciudad de Santa Ana acudió temprano a protestar contra la resolución del condado de Orange.
“He venido porque quiero que nuestra comunidad esté segura y porque no queremos que la policía coopere para arrestar personas . La gente está muy asustada. Muchos de nuestros inmigrantes van todos los días a trabajar a las ciudades ricas”, enfatizó.
Incluso, el 22 de marzo, el alcalde de Los Alamitos, Troy Edgar creó la página “Mayor Edgar’s- Stop Sanctuary Law” en el portal GoFundMepara recaudar fondos por 100,000 dólares para pagar los gastos legales que se vendrán, dijo, cuando la Ciudad sea demandada por los grupos proinmigrantes y de derechos civiles. En cuatro días ha recaudado 3,500 dólares.
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Referencia La Opinión
