En lo que va de 2018 han llegado al Tribunal Electoral (TE) 13 solicitudes de levantamiento de fuero penal por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y solo una ha sido resuelta. La mayoría está en revisión por la Secretaría del TE, y otras en manos de los magistrados.
Informe
Un total de 52 solicitudes de levantamiento de fuero electoral penal ha recibido el Tribunal Electoral (TE) de las autoridades de investigación judicial entre 2017 y lo que va del presente año.
Así consta en un informe del TE al que tuvo acceso este medio y en el cual se detalla que el año pasado entraron a esa entidad 39 solicitudes, y que de enero a lo que va de marzo se han sumado 13.
En cuanto al estado de las peticiones, el informe revela que en 2017 el TE aprobó levantar el fuero a 32 personas y que en los 7 casos restantes decretó sustracción de materia, dado que el caso fue resuelto por alguna instancia. Mientras que en 2018, de las 13 recibidas, solo ha resuelto una.
El fuero electoral penal es la prerrogativa que tiene toda persona que forme parte de la junta directiva de un partido político, los funcionarios electorales o quienes participen en contiendas electorales internas o en las elecciones generales, para que no se les investigue sin tener la autorización de la autoridad electoral.
El TE solo entra a analizar el levantamiento de esta prerrogativa cuando sea solicitado por el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Fiscalía de Cuentas y la Fiscalía Electoral.
Los magistrados del TE han señalado en reiteradas ocasiones que este privilegio ayuda a que durante un evento electoral se proteja al candidato de que no sea objeto de persecución política u otras situaciones que obstaculicen el proceso.
Incluso, el Código Electoral establece que “es causal de nulidad” del proceso que se le siga al aforado, que el agente judicial no cumpla lo establecido para el levantamiento del fuero.
Menos tiempo
En 2015, durante las reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se planteó la necesidad de que esta coraza protectora fuera eliminada, debido a que al TE le tomaba tres meses o más decidir si levantaba o no el fuero. Para diversos sectores sociales lo anterior contribuía a generar impunidad, ya que en ese período podían prescribir los plazos de investigación fijados por los entes judiciales.
Aunque no se acogió la moción de eliminar el fuero electoral penal, presentada por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, se acordó que los tiempos para el levantamiento del fuero se redujeran. En ese sentido, la Ley 29 de mayo de 2017, que reforma el Código Electoral, establece que el fuero electoral penal está vigente cuando las postulaciones quedan en firme y hasta 15 días después de que el TE proclame a los ganadores.
La norma electoral también señala que el aforado podrá renunciar al fuero por escrito o de forma tácita (cuando no lo invoque ante el ente que lo investiga); sin embargo, la mayoría prefiere que sea el TE quien mediante fallo lo decida.
Deja claro también que si se hace el levantamiento del fuero en un proceso, no es necesario que la autoridad judicial vuelva a pedir que se levante en caso de que el aforado obtenga un fuero nuevo.
Levantar el fuero electoral penalconlleva un proceso de, al menos, ocho pasos, que se encuentran comprendidos desde el artículo 218-I hasta el 218-K, de la Ley 29 de mayo de 2017, que reformó el Código Electoral. Plantea, por ejemplo, que la Secretaría General del TE es la encargada de recibir por escrito la solicitud de levantamiento del fuero por parte de alguna autoridad judicial (ver gráfica).
Pendientes
Entre las solicitudes pendientes de resolución en 2018 figuran, en su mayoría, exfuncionarios del gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quienes se les investiga por presunta malversación de fondos públicos.
Estas figuras, que forman parte del partido Cambio Democrático (CD), se han postulado en todos los procesos internos que ha llevado adelante el colectivo desde 2015. Se trata, entre otros, del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, del exdirectivo de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini, de los exministros de Obras Públicas (MOP) Jaime Ford y Federico Suárez, y de los hijos del expresidente Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Todos ellos, pese a que son investigados, se postularon a la reciente elección de juntas distritales -que empezó el pasado 10 de marzo- del partido Cambio Democrático, lo que les activó el fuero electoral penal.
De Lima es investigado en, al menos, tres procesos penales: por concesiones que otorgó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen; por el presunto delito de peculado en el contrato de estacionamientos en esa misma terminal aérea, y por las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.
En tanto, Francolini, quien se encuentra libre bajo fianza, está a la espera de que el Juzgado Decimocuarto Penal celebre la audiencia del proceso relacionado con presuntas irregularidades en un préstamo que otorgó la Caja de Ahorros al Consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción fallida del centro de convenciones de Amador.
Este exfuncionario también está imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, y no ha podido ser indagado porque ha obtenido fueros electorales penales tras postularse en todos los procesos internos de CD.
En el caso de los exministros de Obras Públicas Ford y Suárez, se les investiga por un presunto sobreprecio en la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que fue adjudicada a la empresa Transcaribe Trading por $152.3 millones.
Otro caso pendiente es el de John Abel Almillátegui Racey, miembro de CD, que corrió en la contienda interna del pasado 21 de enero para director de la junta directiva nacional. La Fiscalía de Circuito de Coclé, sección de Investigación y Seguimiento de Causas, pidió levantarle el fuero por la presunta comisión de delito contra la fe pública (falsedad de documento) en perjuicio de Urbanizadora Farallón, S.A.
Asimismo, la Fiscalía de Circuito de Coclé también pidió al TE quitarle el fuero a Liliana Quirós, quien participó como candidata en las elecciones de las juntas distritales de CD, por la posible comisión de delito contra la administración pública.
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REFERENCIA: Clarin
