Esta mañana, y luego de un proceso de análisis, el Ministerio de Transportes anunció que la licitación del Transantiago, que se inició en el gobierno anterior, se declara desierta. Según explicó la titular, Gloria Hutt, el proceso que comenzó en la administración de Michelle Bachelet, “se llevó a cabo en forma improvisada, sin considerar el interés de los usuarios, con los incentivos incorrectos, lo cual nos puede llevar incluso a la situación de mal servicio del 2007”.
“Pagar principalmente por los kilómetros recorridos es un claro incentivo a movilizar buses y no a las personas, y nuestro interés es proteger el interés de las personas”, dijo la secretaria de Estado que manifestó que el proceso era “dañino”.
La licitación buscaba la renovación de la flota de buses, estableciendo nuevos incentivos y sanciones por fallas. Además, incluía un nuevo esquema de pago para las empresas que adhirieran al proceso.
Según explicó la ministra Hutt, la continuidad del proceso se analizó luego de que éste fuera suspendido de manera transitoria por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras acoger las demandas de las firmas Transanber y Santín, y paralizara, además, la convocatoria que estaba ad portas de adjudicarse a las siete empresas que habían postulado.
“Nosotros estamos preocupados de que los incentivos sean los correctos”, agregó Hutt, además de indicar que la administración que inició el proceso “condenó a los pasajeros a un mal servicio”.
En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno no está “disponible para seguir parchando este sistema, pero sí estamos disponibles para establecer las bases de un nuevo sistema que esté basado en el interés de las personas, que acompañe el dinamismo de la ciudad, que permita cambiar rápidamente a los operadores que no funcionen, que incorporen buses de mucha mejor tecnología y permita, también, las renovaciones de forma mucho más ágil”.
“Creemos que este sistema tal como estaba planteado no responde al interés de los usuarios y tampoco responde a las dinámicas de la ciudad. Impone una camisa de fuerza a la ciudad de Santiago por 10 años. Además, según la opinión de algunos jueces del TDLC impone condiciones de monopolio por diez años, y nosotros no vamos a acompañar eso”, añadió.
Por este motivo, la ministra señaló que tomará lo que se pueda rescatar del proceso anterior, específicamente la consulta ciudadana y parte de las definiciones. Pero además, se incorporarán correcciones.
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Referencia La Tercera
