El gobierno de Colombia advirtió este viernes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que no puede cometer más secuestros ni asesinatos en medio de la tregua temporal que declararon las partes involucradas en una negociación de paz en Quito.
El grupo rebelde, que se acogió a su primer alto al fuego bilateral en cinco décadas de lucha armada, admitió el crimen de un gobernador indígena ocurrido el 24 de octubre, mientras el gobierno sugirió que también estaría detrás de secuestros y el desplazamiento de pobladores.
Las acciones constituirían violaciones al cese al fuego que se inició el 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero.
«Hechos como el condenable homicidio del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, cuya autoría reconoció el Frente de Guerra Occidental, no se pueden volver a registrar», afirmó el jefe negociador de paz del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Tampoco – advirtió – «casos como el secuestro de Jhon Eriberto Isarama Forastero ni del ciudadano William Balmaceda Neira», liberado por la fuerza pública.
Una misión de verificación conformada por la ONU, la Iglesia Católica y las dos partes está analizando los casos en el marco del esquema de paz en Quito, tras lo cual se espera un pronunciamiento sobre el futuro de la tregua.
«Esperamos que la solicitud de perdón, compromiso de verdad y ejercicio de reflexión a los que se comprometió públicamente la mencionada estructura del ELN aseguren la no repetición de este tipo de delitos», insistió Restrepo.
De momento, el ELN no ha denunciado en concreto una violación a la tregua del lado de la fuerza pública, pero a inicios de octubre había alertado sobre un «incremento de la presencia militar» en el conflictivo y empobrecido departamento de Chocó (noroeste).
Acuerdo de alto al fuego
El alto al fuego prevé no solo la suspensión recíproca de acciones de guerra, sino que obliga al ELN a interrumpir secuestros y ataques a la infraestructura petrolera.
En respuesta, el gobierno deberá mejorar las condiciones carcelarias de los guerrilleros y reforzar la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos, blancos de ataques que han dejado 200 muertos desde enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.
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