Son 3.431 guerrilleros y 1.692 miembros de la Fuerza Pública los que en los últimos siete meses han suscrito actas para comprometerse, al menos en el papel, con la verdad.
El 3 de marzo del 2017 tanto las Farc, ahora movimiento político, como la Fuerza Pública entregaron un listado con los nombres de los integrantes que podían aplicar a los beneficios otorgados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este viernes 6 de octubre, siete meses más tarde, la Secretaría Ejecutiva de este sistema de justicia transicional entregó un balance de cifras sobre las personas que se han visto beneficiadas.
FARC
Por ahora, de los 3.779 miembros de las FARC que estaban en el listado, 3.431 exguerrilleros (92%) han firmado actas de compromiso. Es decir, se han sometido a este sistema de justicia que otorga condiciones especiales para actores del conflicto con el compromiso de contribuir en la búsqueda de la verdad para las víctimas.
De ellos, 147 han sido indultados, 591 han recibido amnistía, y 142 han recibido libertad condicional.
Entre los casos más destacados de exguerrilleros que se postularon a la JEP se encuentran:
Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, encargado de vigilar a Ingrid Betancourt durante su secuestro. Fue capturado en la operación Jaque, el 2 de julio de 2008. Se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz y quedó libre en junio de este año.
Norbey García Orozco, alias Mono, sentenciado por el secuestro y asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, en 2006. Se sometió a la JEP y quedó libre en junio de este año.
William Rodriguez y Yolanda Martínez, responsables del carro bomba en Caracol Radio. Fueron condenados a 27 y 28 años de cárcel. Quedaron en libertad en mayo de este año al someterse a la JEP.
Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, cerebro del atentado al Nogal que dejó 36 muertos y 167 heridos en febrero de 2003. Fue capturado en 2011 y se sometió a la JEP. Quedó en libertad en mayo de este año.
Ronald Peña Chacón, alias Chicharron, condenado por concierto para delinquir y rebelión. Fue el primer amnistiado del país con base en la Ley 1820 de 2016. Tiene el deber de informar de sus desplazamientos por fuera de las zonas veredales.
Hasta la fecha, 1.197 guerrilleros han quedado en libertad condicionada.
Fuerza Pública
Por otro lado, en la Fuerza Pública hay 1.692 actas suscritas de 1.751 personas en los listados. O sea, el 95% de los uniformados interesados en la JEP se ha comprometido con el sistema. De estos, 641 han conseguido la libertad condicionada, 85 fueron enviados a centros militares de reclusión y 243 se han beneficiado por el decreto 706, que suspende órdenes de captura en su contra o revoca detenciones.
Casos destacados de militares con proceso en la JEP:
General (r) Rito Alejo del Río, condenado por la muerte del líder del Chocó Marino López, e investigado por la masacre de Mapiripán y el magnicidio de Jaime Garzón. El General (r) Del Río se sometió a la JEP y quedó en libertad el pasado septiembre. Aseguró que no aceptaría responsabilidades, pues dice que no ha cometido crímenes.
General (r) Jaime Uscategui, quien suscribió acta de sometimiento a la JEP el 29 de marzo. Está condenado por la masacre de Mapiripán, cometida en junio de 1997, a 37 años de prisión. Según la Corte Suprema, fue “autor por omisión impropia de homicidio agravado” y tenía jurisdicción en la zona. Espera que su caso sea revisado en la JEP.
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General (r) Henry Torres Escalante, primer oficial de su rango llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales. Su abogado, Jaime Granados Peña, solicitó que su caso pasara a conocimiento de la JEP en julio de este año.
Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien suscribió acta de compromiso el pasado 8 de septiembre. Plazas Acevedo es investigado por el asesinato de Jaime Garzón Acevedo, la masacre de Mapiripán, y los homicidios de Mario Calderón y Elsa Alvarado.
Casos que no fueron recibidos por la JEP:
Algunos de los nombres que aparecían en las listas no podían obtener los beneficios que otorgaba la JEP porque incumplían con las condiciones para hacer parte de esta jurisdicción. Algunos porque se querían colar dentro del proceso y otros porque no se encontró de entrada su relación con el conflicto, directo o indirecto.
Los principales colados pertenecen a bandas criminales que, aunque tenían conexiones con las Farc, no hacían parte de la organización como tal. Además, las personas que no cuenten con el aval del comisionado de paz no pueden ingresar al proceso.
Los casos más renombrados han sido:
Constru de Putumayo, banda criminal al servicio del narcotráfico acusada de ser responsable de la mitad de muertes en el departamento.
Parche de Sulay, organización que se atribuyó el atentado contra el exministro Fernando Londoño.
Segundo Alberto Villota, acusado de narcotráfico. Dos fiscalesestán siendo investigadas por un posible montaje, con el que se buscaba que Villota fuera juzgado por rebelión y así evitar su extradición a Estados Unidos.
Mesias Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, exjefe de las Farc que escapó mientras era custodiado por la Unidad de Protección (UNP). Perdió los beneficios de someterse a la JEP una vez se fugó.
Jorge Leonardo Bustos, condenado por homicidio y hurto y quien aspiraba a someterse a ley de amnistía, pero la Corte Suprema negó el beneficio al no encontrar relaciones directas de sus acciones con el conflicto armado. No es miembro de las Farc.
Jorge Leonardo Rodríguez Rivas, alias Pipoleta, condenado por disparar contra dos personas en Santander de Quilichao en 2014. Los hechos eran de carácter común y no político o relacionados con el conflicto armado por lo que la Corte Suprema de Justicia no le negó el benefició de la JEP.
Diego Palacio, exministro de Protección Social del gobierno Uribe. Fue el primer uribista en pedir que su proceso fuera revisado por la JEP. Condenado por cohecho por el escándalo de la yidispolítica, su argumento para acceder a la JEP fue que la reelección de Uribe fue concebida con el propósito de dar continuidad a su política de seguridad democrático. Es un caso que ha generado debate.
Casos puntuales por salud de miembros de las Farc:
A finales de septiembre la muerte de Roberto Sepúlveda Muñoz generó que las Farc solicitaran al Gobierno que se acelerara el proceso de libertad de sus integrantes, Bernardo Mosquera, José Ángel Parra y Jan Carlo Amaya, quienes también presentan un grave estado de salud.
Sepúlveda, quien estaba preso en le cárcel del Barnel en Boyacá desde hace nueve años, murió en el hospital San Rafael de Tunja por una bronconeumonía crónica mientras se adelantaba un proceso para su excarcelación.
Antes de morir, en una resolución administrativa había sido nombrado gestor de paz. Otros 401 guerrilleros han obtenido el cargo de gestores de paz con la JEP, quienes estarán encargados de actividades de apoyo a la reincorporación en los espacios territoriales dedicados a las tareas de normalización. Además 410 han sido acogidos por el decreto 1274 de 2017 de prórrogas en centros veredales.
Director de la Unidad de Investigación de la JEP
No todos los que hayan cometido crímenes en el marco de la guerra están dispuestos a aceptar sus responsabilidades. Para lidiar con esos casos se creó la Unidad de Investigación y Acusación, y el nombre de su director será revelado el lunes. Este cargo tendrá una gran relevancia en la legitimidad de la justicia transicional, pues comandará un equipo de cerca de 100 investigadores que tendrán que vigilar los procesos de los delitos más graves del conflicto armado en Colombia. A este cargo se presentaron 22 personas, de las que ya fueron preseleccionadas ocho. Los finalistas son:
Humberto Acevedo Quintero
Giovanni Álvarez Santoyo
Martha Nidia Galindo Gómez
Fernando Jiménez Montes
Miguel Ángel Parra Villareal
María Consuelo Rincón Jaramillo
Flor Alba Torres Rodríguez
María Teresa Zárate Bocanegra
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