El gobierno y la justicia de España desplegaron este jueves todo su arsenal contra el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, cuyos dirigentes hicieron oídos sordos a las advertencias mantuvieron con paso firme su plan.
Según indicó a la AFP una fuente judicial, a última hora de la noche el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el referendo, al admitir a trámite los cuatro recursos presentados este jueves por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.
La suspensión, a la espera de que el alto tribunal se pronuncie, concierne la ley catalana que permite el referéndum, así como el decreto de convocatoria del mismo y la junta electoral recién creada por las autoridades regionales de Cataluña.
Sin embargo, los líderes independentistas catalanes desoyeron las decisiones del Constitucional, al que consideran una institución «politizada», y aseguran que éste no va a parar la votación.
«No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado», dijo el presidente regional, Carles Puigdemont.
«La obsesión de suspender constantemente la democracia y la política es inútil ante la firme voluntad de decidir nuestro futuro», abundó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
En una comparecencia ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, Rajoy defendió los recursos interpuestos, aseverando que «la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas».
Igualmente apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, informándoles de que tienen el «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo».
Los alcaldes son un elemento clave. Puigdemont les ha enviado una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para acoger los puntos de votación. Según él, más de 500 ya han manifestado su apoyo al referéndum, aunque los consistorios de grandes ciudades como Barcelona aún no han respondido.
Rajoy se reunió también este jueves con Albert Rivera, líder del partido centrista Ciudadanos, principal fuerza opositora en la cámara catalana. Éste ha manifestado su apoyo «sin fisuras» al gobierno español.
La misiva destaca que la ley sobre el referéndum, aprobada el miércoles en una acalorada sesión, establece un «régimen jurídico excepcional», superior a cualquier otra legislación, incluyendo la Constitución española.
Sin embargo, tras la suspensión cautelar de la consulta por el Tribunal Constitucional, los ayuntamientos se encuentran ante la disyuntiva de obedecer o no cuando el gobierno español ha advertido que todo aquel funcionario que colabore con el referendo se expone a sanciones.
Por el momento, y a la vista de los preparativos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció desde Madrid que próximamente «se van a cursar las órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal».
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El fiscal general anunció también que se están «ultimando sendas querellas criminales», una contra los miembros del Parlamento catalán, que el miércoles permitieron tramitar la ley del referéndum, y otra contra los miembros del gobierno regional catalán, «por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum».
Referencia AFP
