En horas de la tarde de este miércoles, allanan la residencia de Luisa Ortega Díaz por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La información fue confirmada por un reportero de Globovisión quien estuvo presente en La Florida, Caracas, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda.
Asimismo, Ortega denunció la situación a través de su cuenta en Twitter. «En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela», escribió.
«Como el delito fue en flagrancia (en curso) el ciudadano debe estar privado de libertad, en custodia en su residencia», dijo Saab a periodistas y señaló que ya solicitó al presidente del Supremo, Maikel Moreno, que libre una orden de captura a Ferrer «mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria».
Minutos antes, el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, hizo la solicitud de la detención de Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público mientras Ortega era fiscal general.
Saab dijo que le solicitará a la «plenipotenciaria» Asamblea Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Ferrer, así como la detención de fiscales del Ministerio Público «que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la nación venezolana».
El nuevo fiscal, designado por la Constituyente, exhibió unos papeles en los que supuestamente consta que Ferrer abrió varias cuentas en divisas en bancos de las Bahamas y aseguró que esta «red de extorsión» que operaba desde el Ministerio Público (MP) tiene cuentas con montos que superan los 6 millones de dólares.
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Dijo que se solicitará, además, y «de manera inmediata» la captura de los fiscales Pedro Lupera, «que ha deshonrado» el MP por ser fiscal nacional activo y de Luis Sánchez, fiscal auxiliar.
También serán citados «empresarios extorsionados» y se investigará la supuesta creación de una fundación y de «una compañía anónima en el exterior que sería para legitimar el capital producto de la extorsión».
