La Fiscalía venezolana pidió a la justicia anular la instalación el viernes de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional y cuya elección es investigada por «fraude».
La solicitud fue hecha por dos fiscales ante un tribunal de control por la «presunta comisión de delitos durante el proceso electoral», señaló el Ministerio Público este jueves en Twitter.
El miércoles la fiscal general, Luisa Ortega, anunció una investigación a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el supuesto fraude en los comicios, que consideró un «hecho escandaloso».
«Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito», dijo a la cadena CNN Ortega, chavista que se rebeló contra Maduro, a quien acusa de tener «ambición dictatorial».
La fiscal ya había presentado varios recursos para detener la Constituyente ante el máximo tribunal -acusado de servir al gobierno- que le fueron negados.
La instalación de la Constituyente ocurrirá en medio de protestas convocadas por la oposición y el escándalo tras la denuncia de Smartmatic -empresa que dio soporte tecnológico a los comicios- de que hubo «manipulación» de los datos de participación dados por el CNE.
Según el órgano electoral, sufragaron ocho millones de personas, pero el cálculo de Smartmatic es que votó un millón menos, lo cual fue rechazado por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, como una aseveración «sin fundamento».
La oposición, que calificó la denuncia de «terremoto», asegura que solo acudieron unos tres millones de electores.
El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición asegurara haber recaudado 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico el 16 de julio.
Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, como Colombia, Argentina y Perú anunciaron que no reconocen la Constituyente por considerarla una amenaza a la democracia.
El presidente estadounidense, Donald Trump, le impuso el lunes sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama «dictador», y la semana pasada hizo lo mismo con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE.
Los cancilleres del Mercosur se reunirán en Sao Paulo o Brasilia el sábado para decidir la suspensión política de Venezuela del bloque «por la ruptura del orden democrático», anunció en Asunción el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
Convocada por Perú, la semana próxima se reunirán los cancilleres de la región para tratar la crisis venezolana, lo que según Maduro busca conformar «una coalición» para agredir a su país.
La oposición rechazó desde un inicio participar en la Constituyente, al considerarla un «fraude» con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.
Hasta ahora, seis opositores se refugiaron en la embajada chilena en Caracas para buscar «protección».
Rechazada por el 72% de los venezolanos según Datanálisis, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento de mayoría opositora, lo que hace temer brotes de violencia.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) postergó para el viernes su marcha en Caracas contra el supuesto fraude, para coincidir con la instalación.
La movilización, cuya fecha ha sido cambiada dos veces, «siempre se convocó para el día de la instalación del fraude constituyente», comentó a la AFP el dirigente Juan Carlos Caldera.
Inicialmente prevista para el miércoles o el jueves, Maduro postergó para el viernes la ceremonia de toma de funciones de los 545 asambleístas, bajo el argumento de que se debía organizar «con tranquilidad».
El órgano plenipotenciario encargado de redactar una nueva Carta Magna fue elegido el domingo en medio manifestaciones que dejaron diez muertos, elevando a 125 los fallecidos en cuatro meses de protestas que exigen la salida de Maduro.
Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la paz y rescatará la colapsada economía del país petrolero, agobiado por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una brutal inflación. Según la Cepal, el PIB caería 7,2% este año.
«Pido confianza en los pasos que hemos dado y que daremos en los próximos días, semanas y meses», dijo en televisión.
Cortesía AFP
