Desde el Senado estadounidense, el secretario adjunto de Estado para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, pidió resultados en los esfuerzos por reducir la preocupante cifra récord de 188.000 hectáreas de cultivos de coca.
Estados Unidos alertó este miércoles de que podría tener «problemas políticos y bilaterales» con Colombia si no se ataja «pronto» el aumento de la producción de coca en el país, aunque confió en que ese incremento en los cultivos ilícitos llegue a su «tope» este año y comience a bajar de nuevo.
El secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, lanzó esa advertencia después de participar en una audiencia sobre Colombia en el subcomité para Latinoamérica del Senado estadounidense.
«Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto, vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar», aseguró Brownfield en declaraciones a periodistas al terminar la audiencia.
En 2016, los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas, según la Casa Blanca.
Varios legisladores estadounidenses han propuesto recortar la ayuda a Colombia debido a ese aumento: la propuesta presupuestaria de los republicanos de la Cámara baja para el año fiscal 2018 condiciona el 30 % de los fondos -que ascenderían a 336 millones de dólares- a que el país andino reduzca sus cultivos de coca.
Brownfield se mostró «moderadamente optimista» de que este año «se llegue al tope del aumento en la producción de coca en Colombia y quizá comience una trayectoria descendiente».
«Creo que resolveremos esta última crisis de drogas, porque somos socios y amigos cercanos desde hace más de 17 años, pero aún nos queda un largo camino y las FARC no nos lo han puesto fácil», afirmó Brownfield al comienzo de la audiencia.
El funcionario acusó a las FARC de ser un «facilitador clave» del aumento en los cultivos de coca, y afirmó que ese auge fue del 130 % en los últimos tres años de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano.
No obstante, opinó que la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de acabar en 2015 con la aspersión aérea de los cultivos «tuvo un impacto en la explosión de producción de coca», y dijo que él se «opuso» a dicha medida, aunque la respeta.
Brownfield recomendó a Colombia que apueste por una estrategia holística en el combate al narcotráfico y que siga usando «la extradición como herramienta contra los implicados en narcotráfico».
«La solución no es solo la erradicación. Para ser exitosa, una estrategia antidrogas tiene que afrontar todas las partes del problema», por lo que hay que pensar en «la educación, el desarrollo alternativo, el desmantelamiento de laboratorios y la lucha contra el lavado de dinero», además de la inversión en infraestructuras.
«Si no hay carreteras adecuadas, la estrategia antinarcóticos no funcionará. Si el campesino no puede llevar su cultivo al mercado, va a volver a plantar coca. Es así de simple», zanjó Brownfield.
Los senadores que lideran el subcomité, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, expresaron también su preocupación por el aumento en el cultivo de coca.
«El Acuerdo de Paz dejará un vacío en los campos de Colombia, y debemos asegurarnos de que no se llena con coca», dijo Menéndez.
En un comunicado tras la audiencia, el embajador de Colombia en EE.UU., Camilo Reyes, defendió la «robusta estrategia contra el narcotráfico» de su país, que pretende «erradicar 100.000 hectáreas de cultivos de coca» este año.
En la audiencia también testificó el secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe en funciones, Francisco Palmieri, quien advirtió de que la crisis política y social en Venezuela «presenta riesgos especiales para Colombia».
Palmieri pidió al Congreso seguir apoyando financieramente a Colombia en el posconflicto, y recordó que el país andino cubre por su cuenta el 90 % de los costes de implementación de la paz.
Sin embargo, se mostró «profundamente preocupado por los informes de un aumento de asesinatos y amenazas a los derechos humanos y los activistas sociales» en Colombia, y pidió que se «investigue y procese rápidamente a los responsables de esos crímenes».
Brownfield indicó, además, que aunque Venezuela ya no es la única ruta que usan los narcotraficantes para sacar la droga de Colombia, sigue siendo importante y eso «no ocurriría si no hubiera una red de funcionarios (de Venezuela)» que están sobornados o implicados, algo que a su juicio llega a «los niveles más altos» del Gobierno.
Rubio respondió que está convencido de que, con el tiempo, losfuncionarios venezolanos implicados en narcotráfico «serán acusados y extraditados a Estados Unidos» por esa razón.
De referencia: El espectador.
