El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una creciente presión internacional y una fuerte ofensiva de la oposición para obligarlo a suspender la elección de su Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
La mayoría opositora del Parlamento, en una sesión celebrada en una plaza del este de Caracas, designó este viernes a 33 magistrados de una corte paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusan de servir al gobierno.
Este nuevo desafío de la oposición forma parte de una estrategia lanzada tras el plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo, en el que asegura haber recaudado 7,6 millones de votos contra la Constituyente.
Entre jueves y viernes realizó un paro general de 24 horas para exigirle a Maduro que desista de la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.
Para el sábado, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a marchar hacia la sede del TSJ en Caracas. «La calle no se calla, la calle no se detiene», dijo el dirigente Andrés Velásquez a nombre de la alianza.
Durante el paro, que según la oposición fue cumplido 85%, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.
Maduro difundió un video en redes sociales en los que aparece manejando por Caracas, junto a su esposa Cilia Flores, para demostrar, según él, el fracaso de la huelga.
Maduro aseguró este viernes que su iniciativa pondrá orden frente a los disturbios en las protestas. «Necesitamos una Constituyente que ponga orden, que castigue, que haga justicia», expresó el gobernante socialista en un discurso transmitido por la televisora estatal VTV.
Ya el mandatario había ratificado que la Constituyente «va», luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sancionar económicamente a Venezuela.
Gobiernos de América Latina, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también le han pedido retirar el proyecto.
Durante su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) instó este viernes a Maduro a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho.
El gobierno venezolano calificó esa cumbre de «ilegal» y consideró «alarmante» el uso «temerario» del bloque «al servicio de una política de hostigamiento» contra Venezuela.
En Estrasburgo, expertos en Derecho Constitucional del Consejo de Europa consideraron que la Constituyente podría poner en cuestión la «credibilidad democrática» en Venezuela.
«Es absurdo que el gobierno, en su empeño por una Constituyente rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama internacional», comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, según la cual ese desacuerdo es del 70%.
El Legislativo quiere «señalar el camino del cambio que pronto tendrá nuestro país, una justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política», aseguró el presidente del Parlamento, Julio Borges, al juramentar a los magistrados paralelos.
En ese momento, en la sede del TSJ, en el centro de Caracas, la Sala Constitucional advertía que la designación de nuevos jueces constituía «usurpación de funciones» y «traición a la patria», delitos castigados con prisión.
El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, señaló que la juramentación es «nula», pues el Congreso persiste en el «desacato» en el que lo declaró en enero de 2016.
Al igual que la oposición, la fiscal general, Luisa Ortega, sostiene que los jueces del TSJ fueron nombrados irregularmente a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista, poco antes de que los opositores tomaran el control del Legislativo tras un aplastante triunfo electoral.
Ortega, chavista devenida en fuerte crítica de Maduro, acusa a los magistrados «ilegales» de romper el orden constitucional con fallos que socavaron el poder del Parlamento. La corte abrió un proceso para destituirla.
Referencia AFP
