La guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, cumple un año marcado por discrepancias graves entre el Gobierno y asociaciones civiles sobre la eficacia de la violentísima iniciativa emprendida por el polémico mandatario; una que se ha cobrado hasta el momento en torno 5.000 fallecidos -muchos bajo circunstancias sospechosas-, donde se duda del impacto comercial en el narcotráfico y que ha provocado la indignación internacional.
Duterte llegó al poder el 30 de junio del año pasado y prometió detener el abuso de las drogas. Según funcionarios del Gobierno, gracias a su campaña contra las drogas la delincuencia ha caído y las generaciones futuras están a salvo.
Pero muchos críticos, incluyendo activistas por los Derechos Humanos, abogados y la Iglesia Católica, han cuestionado la versión del Gobierno y afirman que la Policía ha ejecutado a miles de sospechosos de drogas con total impunidad. Para ellos, el número de víctimas está muy por encima de los 5.000 que la Policía ha identificado como homicidios relacionados con drogas o sospechosos muertos a tiros durante las operaciones.
El problema de la demanda
Si la guerra contra la droga ha sido efectiva, según fuentes gubernamentales, el precio de la metanfetamina cristalina, más conocida como «shabu», debería haber aumentado siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, según los datos de la Agencia de Control de Drogas de Filipinas, el shabu se ha vuelto aún más barato en Manila.
«Si los precios han caído, eso indica que las medidas que se han tomado no han sido eficaces», ha explicado una participante del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, Gloria Lai.
Las percepciones públicas y policiales sobre los niveles de delincuencia parecen divergir. Una encuesta de las Estaciones Meteorológicas Sociales publicada en abril revelaba que los robos callejeros y el allanamiento han aumentado en un 6,3 por ciento durante la lucha contra las drogas.
A pesar de que las encuestan muestran que más de la mitad de la población tiene miedo a salir por la noche, el jefe de la Policía de la capital, Oscar Albayalde, ha defendido que la gente se siente más segura ahora, especialmente por la represión contra los usuarios de las drogas.
En los primeros once meses del Gobierno de Duterte, la Policía informó de que 3.155 sospechosos habían muerto en operaciones antidrogas. Además, han investigado otros 2.000 homicidios relacionados con las drogas y han explicado que «no han identificado ningún móvil en al menos 7.000 asesinatos y homicidios».
Los defensores de Derechos Humanos creen que muchas de las víctimas fueron asesinadas por la Policía encubierta o por sus vigilantes, acusaciones que la Policía ya ha negado.
Impacto internacional
El aumento del número de muertos ha venido acompañado de la indignación nacional e internacional.
En febrero, las operaciones policiales se detuvieron por la polémica que rodeó a la Policía antidrogas porque secuestró y mató a un hombre surcoreano el año pasado. Actualmente la Comisión Filipina de Derechos Humanos está investigando 680 homicidios de guerra de drogas.
«En este país el problema básico es la impunidad», ha explicado el presidente de la comisión, Chito Gascón. «Nadie se responsabiliza nunca de las peores violaciones», ha añadido.
El jefe de la Policía de Manila ha defendido que el Servicio de Asuntos Internos (IAS) de la fuerza investiga todas las acusaciones de abuso por parte de sus oficiales. «No toleramos asesinatos sin sentido(…) No matamos a nadie.», ha explicado.
IAS ha explicado a Reuters que investigó 1.912 casos relacionados con la droga y que ha recomendado despedir a 159 agentes por mala conducta durante las operaciones antidrogas.
A principios de este mes, 19 policías fueron acusados de asesinar a dos sospechosos de drogas en su celda, pero en noviembre fueron puestos en libertad bajo fianza y ahora se enfrentan a un juicio por el menor delito de homicidio. Duterte, que ha instado en repetidas ocasiones a la Policía a matar a los sospechosos de drogas, ya ha prometido perdonar a los dos oficiales si finalmente son condenados.
Por su parte, el Tribunal Penal Internacional de la Haya dijo en octubre que podría investigar los asesinatos si fueran «cometidos como parte un ataque generalizado o sistemático contra una población civil».
Cortesía: Hoy
